Cantín, Camino, Mazú, Bodlovic y Córdoba al borde del procesamiento

El juez Claudio Bonadío tiene decidido avanzar en el procesamiento de los santacruceños junto a otros 100 intendentes y ex jefes comunales por el supuesto desvío de más de $604 millones para obras ambientales. El más comprometido es Raúl Cantín.

Desde abril hasta octubre, un centenar de intendentes y ex jefes comunales debieron pasar por el Juzgado de Claudio Bonadío para realizar su indagatoria en el marco de una mega causa iniciada por la cartera de Medio Ambiente por el desvío de fondos que fueron girados a los Municipios para obras financiadas por esa cartera y que no se concretaron, por un total de $604 millones.

En el caso de Santa Cruz, José Córdoba por Caleta Olivia debió concurrir el pasado 24/05; Matías Mazú ex intendente de Río Turbio, hoy diputado provincial fue el 05/06; José Bodlovic ex jefe comunal de Piedra Buena también diputado provincial, concurrió el 29/06; Raúl Cantín ex intendente de Río Gallegos Bonadío le tomó la indagatoria el 16/08 y Teodoro Camino ex intendente de Las Heras y hoy Ministro de Trabajo, se presentó en Comodoro Py el 30/08 de este año.

La causa se inició a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Medio Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que detectó varias irregularidades en los municipios como la carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.

El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.

El caso más significativo fue el de Río Gallegos, dónde el Juzgado investiga el destino de más de $60 millones (el 10% del total) que fueron girados para concretar el traslado del Vaciadero.

La resolución 198 de la Jefatura de Gabinete, del 30 de diciembre de 2013, en ese momento a cargo de Jorge Capitanich “aprobó un desembolso de $ 25.176.903,60”. El municipio hizo una primera rendición, pero después pidió más fondos y cambió el proyecto.

Asi en marzo de 2015 y sin que aún se hubiera aprobado la primera rendición se solicitó una ampliación de fondos por $ 59.455.148. De ese total, en octubre de 2015, se realizó un segundo desembolso de $ 34.278.245,25″. La obra fue adjudicada a la empresa Edisud SA.

El juez ordenó, por pedido del fiscal Carlos Rivolo, una auditoría. Por esa razón en 2017 el equipo de inspectores llegó a Río Gallegos y en su informe le indicó al juez que “no se construyó la planta de transferencia proyectada”, que “el proyecto original no resolvía problema alguno” y además lo calificó de “inviable”.

También señaló Rívolo en su pedido de indagatoria que “se han gastado más de $ 38 millones sin que se haya mejorado en nada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.

Según la citación a indagatoria, pedida por el fiscal, los fondos fueron distribuidos entre 2013 y 2015 “sin control” y de “manera arbitraria y con “desigualdad”, en el marco del programa de Gestión Integral de Recursos Sólidos Urbano (GIRSU) por el cual ya hay varios ex funcionarios kirchneristas procesados.

De acuerdo a lo que publicó el diario Perfil en su edición de hoy, el magistrado ya tiene casi listo el auto de procesamiento para todos los jefes comunales pero, debido a la causa de los cuadernos, la decisión final pasó para el reinicio del año judicial en febrero de 2019.

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