Por los ingresos al Concejo, crítica de Roquel y mutis del FPV

Río Gallegos (ASN) El inicio del 2019 trajo el alta de, al menos, 12 contratos en el Concejo Deliberante, que según el gremio 6 corresponden a militantes del FPV y otros 6 al sector del concejal radical Evaristo Ruiz: Proyecto Alternativo. La difusión del tema trajo la reacción inmediata de otros concejales, algunos con críticas y otros haciéndose los desentendidos.

La suma de estos contratos supera los $3.5 millones de pesos al año que se agregarán al gasto en la partida de personal del Concejo Deliberante que ya cuenta con casi 500 trabajadores .

Desde el gremio, que vieron naufragar a fines de 2017 un proyecto de ordenanza que habían impulsado y fue formalizado por el concejal Fabián Leguizamón, buscando congelar los ingresos al Municipio.

Lo paradójico es que esta iniciativa, es que fue rechazada por quiénes criticaron los ingresos actuales y apoyada por quiénes, en su momento, también protagonizaron un escándalo similar.

La ordenanza frustrada declaraba la emergencia municipal y prohibía “el ingreso de personal bajo toda modalidad de contratación u otra situación de revista prevista en el Estatuto Municipal, como también a través de planes y programas especiales, o bajo la modalidad de monotributo.

Respecto de los ingresos actuales, el primero en criticar los mismos fue el concejal Daniel Roquel, asegurando que “es su arreglo (el de Ruiz) por la Presidencia, los cargos que teníamos divididos los sacó y se los entregó al FPV” también reveló el concejal.

Se trata de los cargos de gestión, que son políticos y sin estabilidad que cada año y de acuerdo a los pactos entre los ediles se determina quién ocupa los mismos.

Pero el reclamo del SOEM no es sobre esos cargos, sino sobre los “contrato de locación” primer paso del Estatuto para el ingreso de los trabajadores a la Comuna, los que, luego de seis meses de contrato, adquieren el derecho a la estabilidad y el pase a la planta transitoria primero y permanente después.

Al igual que ocurrió cuando fue la polémica de los 11 cargos dados de baja por Roquel que correspondían a Leguizamón, en esta ocasión, desde el FPV no se hicieron cargo del tema y sólo se limitaron a señalar que “es una potestad de Presidencia”, pese a que seis de esos contratos fueron a pedido de los ediles kirchneristas.

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