CSS: una normalización para que todo siga igual
Después de 30 años, el Gobierno envió hoy a la Legislatura, el proyecto de ley para normalizar la Caja de Servicios Sociales. Habrá cinco vocales, tres por el Ejecutivo, uno por los trabajadores activos y otro por los pasivos. Los aportes no pagados serán pasados a un Fondo Residual que manejará el Ministerio de Economía. La norma no se tratará hasta después de las elecciones ya que el viernes la Cámara entra en receso.
Desde 1987, la Caja de Servicios Sociales se encuentra intervenida por el Poder Ejecutivo Provincial. En su momento el objeto de aquella decisión fue implementar un plan de acción tendiente al reordenamiento administrativo y financiero del organismo. Pasaron más de 30 años y la obra social nunca volvió a ser normalizada. Transformando el manejo de la misma en algo unipersonal y bajo dependencia del Ministerio de Economía.
La ley de creación de la Caja (N° 364) data de 1964. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones. Ahora el Gobierno de Alicia Kirchner , en una medida que muchos plantean como electoralista. Aunque otros consideran forzada por un mandamus judicial, propone una nueva ley que recoge parte de aquella.
El proyecto fue girado esta mañana a la Cámara de Diputados. Pero no tomará estado parlamentario hasta la sesión del 15 de agosto, luego de las elecciones. Es que este viernes el parlamento provincial entrará en receso de invierno.
¿Por los trabajadores o por la Justicia?
En su nota de elevación, la gobernadora afirma que “el proceso que se pone en marcha” es la concreción “de un anhelo largamente esperado por los afiliados”. Y afirma que así torna efectivo “el derecho de los trabajadores de intervenir y participar en las decisiones de la obra social a la cual aportan solidariamente”.
Es cierto que la demanda de los gremios estatales hace años es la “normalización” de la obra social. Pero también es real que el reclamo concreto no es sólo ese. Los sindicatos piden el “manejo” de la CSS , pero esta iniciativa no va en ese sentido.
La ley girada a la Legislatura propone un directorio similar al que tiene la Caja de Previsión Social. Son cinco miembros, integrado por un presidente y dos vocales por el Poder Ejecutivo. Los dos vocales restantes serán electos, uno por los trabajadores activos y otro por los pasivos. Todos durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelectos.
Además establece que la “observancia” de las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que le sean aplicables al organismo será fiscalizada por un síndico. Este será designado por el propio Gobierno, a propuesta del Ministerio de Salud.
Aprobada la ley, la propia norma establece que en 120 días se deberá convocar a elecciones. Y también designar los vocales del Ejecutivo y los trabajadores, en un tiempo a más tardar de 120 días.
Financiamiento
La obra social tendrá como primer punto de financiamiento del 4% de aporte personal de los afiliados (o 6,4% si tienen familia a cargo). Y el 6% de aporte patronal que deben realizar Provincia, los municipios y aquellos entes privados que se adhieran.
En ese marco, Kirchner recuerda que se “trabaja” en un nuevo régimen de coparticipación municipal, para garantizar la transferencia automática de dichos aportes y contribuciones a las cuentas del organismo.
La iniciativa girada a la Legislatura, propone la creación de un Fondo Fiduciario, que se podrá constituir con “reservas especiales de hasta 1,5% del total de los recursos”, para la adquisición de bienes.
Calificado como “trascendental” por Alicia Kirchner en su nota de elevación. Se plantea realizar un “corte” al 30 de junio de 2019. Con esto se determinaría el nivel de los “créditos adeudados” por parte de municipios, comisiones de Fomento y entes provinciales que conformarán “un Fondo Residual de Recupero”.
Este Fondo será manejado en una cuenta aparte que constituirá el Ministerio de Economía, quien a su vez será el encargado del “recupero” de los créditos adeudados.
Mandamus
Cabe señalar que el pasado 11 de junio, César Andrade y José Alberto Márquez interpusieron un recurso de amparo-mandamus contra el Gobierno Provincial, exigiendo el “cese de la intervención de la Caja de Servicios Sociales” y la urgente convocatoria a elecciones.
Esta medida judicial fue notificada tanto a la gobernadora de la provincia como al fiscal de Estado el pasado 26 de junio y se encuentra a la espera de la resolución judicial.
