El Gobierno presenta la Emergencia económica en Santa Cruz para “reordenar” las cuentas públicas
Regiría hasta el 31 de diciembre. Establece limitaciones al gasto público, pautas para la negociación salarial y la jubilación anticipada.
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz presentó este miércoles, en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial hasta el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa busca aplicar medidas de reorganización del gasto estatal, priorizar servicios esenciales y garantizar el pago de salarios y jubilaciones en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas públicas.
El proyecto ingresó el 11 de marzo y plantea un conjunto de herramientas extraordinarias para que el Gobierno provincial pueda reordenar las cuentas del Estado, revisar estructuras administrativas y optimizar el uso de los recursos públicos. 038
Según se explica en el mensaje enviado a la Legislatura, pasada las 17:30 horas y quedó registrado bajo el número 038/2026, la provincia atraviesa una situación de “extrema fragilidad fiscal”, con un nivel de gasto corriente —principalmente salarios y jubilaciones— que no se corresponde con la evolución real de los ingresos.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo de la ley es evitar un deterioro mayor de las finanzas provinciales y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Qué implica la emergencia económica en Santa Cruz
La declaración de emergencia alcanzaría a todo el sector público provincial, incluyendo la administración central, organismos descentralizados y empresas o sociedades con participación estatal, y busca limitar al máximo el gasto.
Entre las facultades que obtendría el Poder Ejecutivo se encuentran:
- Reestructurar el gasto público y priorizar áreas sensibles como salud, educación, seguridad y asistencia social.
- Revisar estructuras orgánicas del Estado, cargos y adicionales salariales.
- Reasignar funciones del personal dentro del mismo escalafón para optimizar recursos.
- Renegociar contratos, convenios o subsidios que impliquen gastos para el Tesoro provincial.
El proyecto también prevé la creación de una comisión de seguimiento de la emergencia, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de cada bloque legislativo, para monitorear cómo se aplican las medidas.
Paritarias y aumentos salariales
Uno de los puntos que seguramente generará mayor debate es el referido a la política salarial del Estado provincial.
El proyecto establece que no podrán aplicarse aumentos automáticos, cláusulas de indexación ni mejoras salariales si no existen recursos presupuestarios disponibles para financiarlos.
Con un presupuesto que tiene Pauta Cero… significa que habrá congelamiento salarial? No necesariamente. El concepto de Pauta Cero está incorporado al Presupuesto provincial desde el año 2010, cuando el ministro de Economía era el actual jefe de Gabinete municipal, Diego Robles. Lo que sí se establece que el incremento que se termine negociando deberá ser incorporado a las previsiones presupuestarias actuales.
Esto implica que:
- Los acuerdos paritarios deberán estar incluidos en el presupuesto vigente.
- El Ministerio de Economía deberá emitir una certificación previa de disponibilidad de fondos antes de cualquier aumento.
- Las negociaciones salariales deberán respetar los límites fijados por la ley.
Desde el Ejecutivo señalan que esta medida busca evitar compromisos salariales que el Estado no pueda sostener en el tiempo, lo que podría afectar el pago regular de sueldos y jubilaciones.
Suspensión de ingresos al Estado
La iniciativa también dispone la suspensión transitoria del ingreso de personal a la administración pública provincial.
No obstante, se establecen excepciones en casos considerados estratégicos:
- incorporación de profesionales de la salud
- cobertura de vacantes imprescindibles
- designaciones que cuenten con autorización fundada del Poder Ejecutivo 038
Además, los organismos de salud, educación y seguridad deberán elaborar en un plazo de 30 días un Plan de Priorización de Gastos y Compras, que clasificará las erogaciones en tres categorías:
- gastos críticos o vitales
- gastos operativos necesarios
- gastos diferibles
El objetivo es ordenar las compras del Estado y asegurar que los recursos se destinen primero a los servicios más importantes.
Pasividad anticipada: una transición hacia la jubilación
Otro punto relevante del proyecto es la creación de un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria, pensado como una herramienta para reorganizar la estructura del empleo público.
El sistema permitirá que trabajadores estatales que estén a menos de cinco años de cumplir los requisitos para jubilarse puedan dejar de prestar servicios, aunque manteniendo su condición de agentes activos.
Durante ese período recibirán un ingreso proporcional al salario, según el tiempo que reste para la jubilación:
- 75% si falta hasta 1 año
- 70% si faltan hasta 2 años
- 65% si faltan hasta 3 años
- 60% si faltan hasta 4 años
- 55% si faltan hasta 5 años
El régimen no modifica el sistema previsional ni constituye una jubilación anticipada, ya que los aportes continuarán realizándose hasta que el trabajador acceda a su jubilación ordinaria.
Quedan excluidos del sistema docentes, profesionales de la salud, policías y personal penitenciario, entre otros sectores.
Cabe remarcar que el déficit del sistema previsional es hoy el gran agujero negro del Presupuesto. En el Ejecutado de 2025, el rojo de la CPS alcanzó los $200 mil millones y para este año se prevé que pueda superar los $272 mil millones.
El contexto económico de la provincia
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que la situación actual es consecuencia de años de expansión del gasto público sin financiamiento sostenible, lo que generó un esquema rígido difícil de sostener.
Con números que cerraron en rojo en 2025 (Un déficit a septiembre de -$131 mil millones) El Gobierno plantea que la declaración de emergencia busca recuperar gradualmente el equilibrio fiscal, proteger el funcionamiento del Estado y asegurar la prestación de servicios básicos para la población.
La discusión de la norma se da en un contexto de caída de ingresos, tanto en lo que hace a la coparticipación nacional, como a la recaudación provincial, que en febrero retrocedió (en términos inflacionaros) casi 13 puntos respecto de igual mes del año anterior.
Un debate político que recién comienza
El proyecto deberá ahora iniciar su tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde se anticipa un debate político intenso, especialmente por el impacto que podría tener en las paritarias estatales, el empleo público y la administración del gasto provincial.
Ya desde partidos que no tienen representación parlamentaria, como el Partido Obrero, salieron a criticar la medida y advirtieron que va “en contra” de los trabajadores. En tanto que desde ATE convocaron a una conferencia de prensa para este jueves al mediodía.
El desafío del Gobierno es encontrar verdaderos consensos. Los números lo respaldan, pero la política es otra cosa y ahí se deberán desplegar los canales de dialogos necesarios, si quieren llegar a buen puerto, más allá que, en rigor de verdad, esta Emergencia Económica no avanza en grandes temas sino que apenas apunta a ser un punto de contención y advertir que la situación no es fácil.
