Hidrógeno verde: el nuevo proyecto de ley amplía plazos de adhesión al RIGI y promete 30 años de beneficios fiscales
Diputados de La Libertad Avanza presentaron una propuesta que adapta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a los tiempos del hidrógeno renovable. El objetivo es destrabar inversiones millonarias en proyectos que demandan largos períodos de maduración.
El nuevo proyecto de ley de promoción del hidrógeno renovable y de bajas emisiones propone extender de 2 a 5 años el plazo de adhesión al RIGI, con la posibilidad de sumar un año adicional de prórroga. Además, establece tres años desde la adhesión para cumplir con el monto mínimo de inversión, otorgando así mayor flexibilidad a desarrollos que requieren largos plazos de maduración.
Según estimaciones del sector, un proyecto de hidrógeno verde puede tardar entre dos y tres años en su etapa de factibilidad, y hasta cinco años más para iniciar su construcción. Bajo el marco vigente, muchos inversores quedaban fuera del régimen por la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos. La iniciativa busca corregir ese desfase.
Promoción y estabilidad fiscal por tres décadas
El proyecto, impulsado por los diputados Lorena Villaverde y Martín Maquieyra, declara de interés nacional todas las inversiones destinadas a la producción, almacenamiento, transporte, exportación y uso del hidrógeno renovable y de bajas emisiones.
Uno de los beneficios clave es la estabilidad fiscal por 30 años, lo que implica que no podrán ser afectados por derogaciones de la ley ni por la imposición de nuevas cargas tributarias más gravosas que las vigentes al momento de su aprobación.
También se prevé la aplicación completa de las cláusulas del RIGI sobre incentivos tributarios y aduaneros, régimen cambiario, cesiones, jurisdicción internacional, y arbitraje, brindando un marco robusto y previsible para inversores.
Una deuda pendiente para el desarrollo energético
La presentación de esta ley responde a los reclamos del sector privado, que advertía que el RIGI original no contemplaba la complejidad técnica ni los plazos reales de los proyectos de hidrógeno. La nueva normativa adapta los incentivos a un tipo de desarrollo que exige planificación de largo plazo, tecnología intensiva y logística sofisticada.
La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo Nacional, que también podrá intervenir en la Estrategia Nacional del Hidrógeno, el plan rector que guía el despliegue de esta industria emergente en el país.
Con este marco renovado, la Argentina busca consolidarse como proveedor global de hidrógeno verde, una energía clave en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático.
