Adriana Nieto defiende la Ley 3949 y el equilibrio entre poderes en Santa Cruz
La diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, Adriana Nieto, se pronunció en Facebook sobre la Ley 3949, que amplió de 5 a 9 los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, y la controversia generada por el control judicial de constitucionalidad de la norma.
Nieto recordó que el control de constitucionalidad es una función delicada del Poder Judicial, caracterizada como contramayoritaria, ya que permite declarar inconstitucional una ley sancionada por la mayoría legislativa. Sin embargo, aclaró que este poder tiene límites claros: solo puede aplicarse en el marco de un caso concreto, con partes legitimadas y con efectos limitados al caso específico, sin suspender la ley para todos. La Corte Suprema ha afirmado que ningún juez puede invalidar una norma con alcance general ni legislar desde sus fallos.
La diputada explicó que la Ley 3949 no es cualquier ley, porque regula la estructura del Poder Judicial. Por ello, cuestiones como la oportunidad o conveniencia política de la norma escapan al control judicial, tal como han señalado fallos previos de la Corte Suprema.
Nieto denunció que cuatro vocales del Tribunal Superior negaron la jura de dos nuevos jueces, pretendiendo ejercer un control de constitucionalidad sin causa judicial ni competencia, lo que vulnera la división de poderes y la independencia judicial, dado que la suspensión de jueces solo puede realizarla la Legislatura mediante juicio político.
Finalmente, la diputada enfatizó la necesidad de reafirmar el control de constitucionalidad dentro de sus cauces correctos, integrando el Tribunal Superior conforme a la Ley 3949 y rechazando acciones de inconstitucionalidad improcedentes. Su mensaje concluye con un principio claro: “Las cuestiones políticas, para la política. Las judiciales, para los jueces.”
