Basanta, Fernández, Ludueña y Mercau alertan de “intromisión política” en el Tribunal Superior de Justicia
En un documento “a la sociedad” critican al Gobierno provincial y a su par Daniel Mariani. Las quejas de los vocales.
El conflicto institucional en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo con la difusión de un informe oficial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), emitido el 8 de octubre de 2025, en el que los magistrados exponen una situación de “alta tensión” provocada por la decisión del Poder Ejecutivo de ampliar el número de vocales del máximo tribunal, medida que consideran irregular y riesgosa para la independencia judicial.
La Ley 3949, sancionada en agosto, amplió de cinco a nueve los integrantes del TSJ. Sin embargo, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales y distintos actores judiciales presentaron recursos de amparo y medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la norma. A pesar de ello, el Gobierno provincial y legisladores oficialistas avanzaron con la designación de nuevos miembros, desatando un fuerte enfrentamiento institucional.
Acusaciones de desobediencia y abuso de autoridad
El informe denuncia que tanto el Gobernador como algunos diputados oficialistas manifestaron públicamente que no acatarían la medida judicial que ordenaba suspender los juramentos de los nuevos vocales. Esta decisión derivó en denuncias penales por desobediencia y abuso de autoridad, impulsadas por el gremio judicial y presentadas ante el Ministerio Público Fiscal.
Los miembros del TSJ sostienen que la continuidad del trámite legislativo pese a la orden judicial vigente “constituye un acto de desconocimiento del orden institucional” y remarcan que su accionar responde a la defensa del principio de legalidad, no a intereses políticos.
Presiones, ataques mediáticos y amenazas de intervención
En otro tramo del documento, los magistrados repudiaron declaraciones del ministro de Gobierno, del propio Gobernador y de algunos diputados, quienes, según el informe, “buscaron desacreditar o presionar” al Poder Judicial mediante declaraciones ofensivas o amenazas de intervención institucional.
Incluso, mencionan la posibilidad de un juicio político contra la presidenta del Tribunal, Dra. Reneé Fernández, y sostienen que el clima actual apunta a “condicionar o desmoralizar” al cuerpo judicial. Aun así, el TSJ afirma que su deber es garantizar la independencia de la justicia y el respeto por la Constitución.
Fuerte reclamo por el ajuste presupuestario
El documento dedica un extenso apartado a la crítica situación económica del Poder Judicial. Los jueces advierten que el presupuesto 2025 sufrió un recorte del 38%, lo que impide cubrir las necesidades mínimas del servicio de justicia. Además, señalan que las proyecciones para 2026 apenas alcanzan el 31% del presupuesto solicitado, y que desde hace dos años no se asignan fondos para obras edilicias.
El TSJ recuerda que en junio de 2025 declaró la emergencia edilicia e informática y que la falta de recursos afecta gravemente la capacidad operativa del Poder Judicial, comprometiendo el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Un llamado a preservar la independencia judicial
En su conclusión, el Tribunal Superior reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia, y advierte que la reducción presupuestaria y las presiones políticas ponen en riesgo el equilibrio republicano. “Nuestra posición —sostienen los magistrados— tiene como único fin garantizar los derechos de los ciudadanos y el respeto por la Constitución”.
El informe, firmado por Renée G. Fernández (presidenta), Alicia Mercau, Paula Luduena y Fernando Basanta, fue emitido desde Río Gallegos con un mensaje que busca visibilizar la crisis institucional y reclamar respeto a la independencia del Poder Judicial en Santa Cruz.
