Qué dice el proyecto de Garrido que pide la Intervención Federal del Poder Judicial de Santa Cruz
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados. Una decisión de este tipo requiere una mayoría especial del Congreso que hoy no está garantizada.
José Luis Garrido presentó un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Santa Cruz
El diputado nacional José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que propone la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de “garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia judicial y la recta administración de justicia”.
El legislador adelantó la iniciativa este miércoles, durante la sesión en la que planteó una cuestión de privilegio, al afirmar que “hay un conflicto de poderes en Santa Cruz” y que la situación actual de la provincia “amerita una respuesta institucional del Congreso”.
“Santa Cruz está devastada económica y socialmente. Hemos sido tapa de los medios no por noticias felices, sino por causas judiciales que derivaron en procesamientos eternos y en la detención de una expresidenta por corrupción y malversación de fondos públicos”, sostuvo Garrido.
Un proyecto de intervención por 180 días
El texto ingresado a la Cámara Baja bajo el título “Intervención Federal del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz” propone que la medida tenga un plazo inicial de 180 días, prorrogables por otro período igual, y que el Poder Ejecutivo Nacional designe a un interventor federal que no podrá ejercer funciones judiciales.
Según el articulado, el interventor tendrá amplias facultades para reorganizar el sistema judicial santacruceño:
- Remover, ratificar o suspender a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
- Dictar reglamentos para la subrogancia de jueces y la designación de conjueces.
- Ejercer todas las atribuciones necesarias para restablecer la independencia judicial.
El proyecto también establece que las designaciones realizadas durante la intervención tendrán carácter de “en comisión” hasta que se normalice plenamente la estructura del Poder Judicial de Santa Cruz.
Reorganización judicial y control del Ministerio de Justicia
La iniciativa dispone que el Ministerio de Justicia de la Nación deberá supervisar y emitir instrucciones al interventor designado, con el propósito de “reorganizar y garantizar la independencia, transparencia y eficacia del Poder Judicial de Santa Cruz”.
Garrido fundamentó la propuesta en la crisis institucional y política que atraviesa la provincia, tras los conflictos en el Tribunal Superior de Justicia, la destitución de su presidente y las denuncias de manipulación judicial.
“No se trata de una medida política, sino institucional. La Justicia de Santa Cruz está atravesando una situación que pone en riesgo el sistema republicano de gobierno. Es momento de actuar para restablecer el orden constitucional”, remarcó el diputado.
Un antecedente inédito en la historia reciente
De aprobarse, la medida representaría un hecho inédito en la historia contemporánea del país, al establecer una intervención federal específica sobre un poder provincial, algo previsto por la Constitución Nacional en casos de grave alteración institucional.
El proyecto de Garrido se enmarca en el creciente reclamo político y social por una reforma profunda del sistema judicial santacruceño, tras años de cuestionamientos por falta de independencia y transparencia.
Alcances del proyecto y facultades del interventor
Según el articulado, el interventor tendrá amplias facultades, entre ellas, remover, ratificar o suspender a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial; dictar reglamentos para el sistema de subrogancias y designaciones de conjueces; y ejercer todas las atribuciones necesarias para cumplir con los objetivos de la ley.
El proyecto también prevé que las designaciones realizadas durante la intervención sean consideradas “en comisión” hasta que se alcance la plena normalización institucional del Poder Judicial provincial.
Asimismo, establece que el Ministerio de Justicia de la Nación deberá impartir instrucciones al interventor “con el propósito de reorganizar y garantizar la independencia, transparencia y eficacia del Poder Judicial de Santa Cruz”.
