Reforma laboral: el Gobierno acelera negociaciones en verano y busca blindar el capítulo impositivo
El gobierno de Javier Milei activó el denominado “plan verano” para no perder impulso político y avanzar con la reforma laboral, con el objetivo de llevarla al recinto del Senado en febrero.
Durante el receso parlamentario de enero, el oficialismo intensificará las negociaciones con gobernadores dialoguistas, mientras crecen las dudas sobre el capítulo impositivo, un punto clave para garantizar los votos necesarios.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la Casa Rosada apuesta a aprovechar el envión legislativo y cerrar acuerdos antes del inicio del período ordinario, en un contexto donde el respaldo provincial vuelve a ser determinante.
Estrategia política durante el receso parlamentario
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comenzará a reunir a su bancada desde mediados de enero, incluso por modalidad virtual, para analizar las propuestas y observaciones que distintos sectores acercaron al proyecto.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará las rondas de diálogo con los gobernadores, tanto en Casa Rosada como en las provincias. El funcionario ya logró acercar posiciones en instancias previas mediante el reparto de ATN, una herramienta clave para destrabar apoyos legislativos.
Consenso político y posibles cambios al proyecto
Dentro del oficialismo se abrió una discusión incipiente sobre la conveniencia de aceptar modificaciones parciales al texto de la reforma laboral. Si bien el Ejecutivo suele mostrarse reticente a cambiar los proyectos impulsados por Milei, en el Senado reconocen que algunas concesiones podrían ser necesarias para consolidar una mayoría.
Bullrich sostuvo que el dictamen aprobado en comisión no impide que el texto sea ajustado posteriormente. Desde el bloque oficialista aseguran que no se alterará el espíritu central de la reforma, aunque sí podrían incorporarse cambios de redacción o precisiones técnicas.
Durante el tratamiento en comisión expusieron la CGT, la UIA, sindicatos, cámaras empresarias, pymes y representantes de plataformas digitales, la mayoría con observaciones críticas o pedidos de modificación, lo que incrementó la presión política sobre el proyecto.
El capítulo impositivo, foco de resistencia provincial
Las primeras objeciones formales al capítulo impositivo surgieron desde el bloque Convicción Federal, integrado por senadores peronistas no alineados con el kirchnerismo. Su referente, Carolina Moisés, advirtió que la Constitución establece que las leyes tributarias deben iniciarse en Diputados, y cuestionó que el Senado trate modificaciones impositivas.
Si bien el oficialismo sostiene que el proyecto no crea nuevos impuestos sino que los modifica, el malestar se extendió entre gobernadores del norte, una región clave para el armado de mayorías. Mandatarios como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua transmitieron su preocupación por el impacto fiscal en sus provincias.
El punto más sensible es el Impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la coparticipación federal, lo que encendió alertas por una eventual caída en la recaudación provincial.
Qué cambios impositivos propone la reforma laboral
La iniciativa incluye modificaciones tributarias en los títulos XXIV y XXV del proyecto. Entre los puntos destacados figura la exención del IVA para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego agroindustrial.
También se propone actualizar los quebrantos en el Impuesto a las Ganancias para empresas mediante el ajuste por IPC, aplicable a ejercicios iniciados desde enero de 2025. A su vez, se exime del tributo a las ganancias por alquiler de viviendas, a partir de 2026.
Otro punto sensible es la reducción de alícuotas de Ganancias para sociedades, con bajas en los tramos más altos, y la eliminación de impuestos internos sobre seguros, telefonía celular, bienes suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves.
La hoja de ruta hacia febrero
Estas modificaciones son las que hoy generan mayor resistencia entre los gobernadores, incluso entre aquellos con mejor diálogo con la Casa Rosada. Por eso, el Ejecutivo busca aprovechar enero para aceitar acuerdos políticos y definir si habrá cambios o compensaciones fiscales para las provincias.
El objetivo oficial es claro: llevar la reforma laboral al recinto en los primeros días de febrero y convertirla en ley antes de marzo, consolidando uno de los pilares centrales del programa económico de Javier Milei.
Fuente: iProfesional
