Ricci cuestionó los autoaumentos judiciales y advirtió que el Tribunal Superior “vive de espaldas a Santa Cruz”
La ministra de la Producción rechazó los aumentos salariales automáticos para jueces, afirmó que implican un costo millonario para el Estado y sostuvo que se trata de privilegios incompatibles con la realidad social y económica de la provincia.
Rechazo político y no técnico a la medida
La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, expresó su rechazo absoluto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de avanzar con mecanismos de aumentos salariales automáticos para jueces y magistrados. Señaló que no se trata de una discusión técnica ni administrativa, sino de una definición política que va a contramano de la situación que atraviesa la provincia.
Ricci advirtió que estos autoaumentos representan un costo anual millonario, financiado con recursos que deberían destinarse a salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.
“No es un derecho adquirido, es un privilegio”
“No se puede naturalizar que un sector del Estado se garantice aumentos automáticos mientras el resto de la provincia hace un esfuerzo enorme para sostener servicios básicos, empleo y actividad económica. Esto no es un derecho adquirido, es un privilegio”, sostuvo la ministra.
En esa línea, remarcó que la medida profundiza las desigualdades, deteriora la confianza en las instituciones y envía un mensaje equivocado en un contexto de ordenamiento de las cuentas públicas.
Impacto social y contradicción con el rumbo del Gobierno
Ricci afirmó que “cuando faltan recursos y hay demandas urgentes en todos los frentes, autoasignarse beneficios salariales es una provocación”, y cuestionó el impacto social de la decisión judicial.
Finalmente, sostuvo que “un tribunal que se autoaumenta los sueldos vive de espaldas a Santa Cruz y a su gente”, y subrayó que la medida choca con el rumbo del Gobierno Provincial desde el inicio de la gestión. Recordó que una de las prioridades del gobernador Claudio Vidal fue ordenar las cuentas públicas, administrar con responsabilidad y corregir desequilibrios heredados, por lo que consideró “irrisorio e inaceptable” que un sector del Estado se garantice privilegios salariales automáticos, desconectados de la realidad que atraviesan los santacruceños.
