Burford amenaza el regreso al mercado de deuda y reactiva el frente judicial por YPF
La Procuración del Tesoro pidió frenar el discovery y el desacato en Nueva York para evitar un golpe a la reputación crediticia justo cuando la baja del riesgo país abre una ventana para volver a emitir deuda.
El Gobierno argentino solicitó formalmente ante la jueza Loretta Preska la suspensión inmediata del proceso de discovery y del pedido de desacato, hasta que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se expida sobre el fallo que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012.
La estrategia oficial busca neutralizar la presión del fondo Burford, que insiste en avanzar por múltiples vías judiciales y pidió que Argentina sea declarada en desacato, una decisión que complicaría la vuelta al mercado voluntario de deuda en un contexto de mejora del riesgo país.
El desacato como amenaza financiera
Para el mercado, una eventual declaración de desacato no es simbólica. Implica que un país incumple decisiones judiciales de tribunales clave, lo que deteriora su reputación crediticia y encarece —o directamente bloquea— el acceso al financiamiento.
El antecedente de 2014, con el juez Thomas Griesa, sigue fresco entre los inversores: primero impidió al agente de pago distribuir fondos sin saldar la deuda con los holdouts y luego declaró a la Argentina en desacato, derivando en un default selectivo. Aquella ingeniería financiera para cambiar el agente de pago fracasó porque los intermediarios no quisieron eludir una orden judicial estadounidense.
La movida oficial ante Preska
En un comunicado, la Procuración sostuvo que el “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano, mediante pedidos de discovery intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la búsqueda de activos ejecutables, constituye una afectación directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.
La jueza Preska deberá resolver en breve. Si rechaza el pedido —como especulan operadores del mercado— la definición sobre el desacato podría conocerse a comienzos de abril, luego de las audiencias previstas para el 31 de marzo y 1 de abril.
El tablero principal del juicio por YPF
El 15 de septiembre de 2023, Preska dictaminó que el Estado argentino debía pagar US$ 16.100 millones a Burford y Eton Park. A diferencia del sistema argentino, en Estados Unidos los fallos de primera instancia son ejecutables aun con apelación, salvo que se otorgue un stay respaldado por una garantía.
Argentina apeló sin presentar garantía y, en enero de 2024, la jueza habilitó a los demandantes a avanzar con la ejecución, incluyendo la búsqueda de activos embargables. Mientras la Cámara analizaba el caso —con una audiencia en octubre que generó expectativas oficiales— Preska fue endureciendo las medidas para forzar el pago.
Los tableros paralelos y el discovery
En enero de 2025, Preska ordenó a la Argentina entregar información detallada sobre reservas de oro del Banco Central, cuentas diplomáticas y consulares y otros activos potencialmente embargables, con plazo hasta el 28 de febrero y advertencia de sanciones.
El país no cumplió y la jueza avanzó con nuevas órdenes. Entre ellas, exigió información para probar si ciertas entidades son alter ego del Estado, apuntando al Banco Central, YPF, Enarsa, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Incluso ordenó la entrega de chats y correos de funcionarios realizados en dispositivos personales.
Entre los alcanzados figuran el ministro Luis Caputo, el exministro Sergio Massa, el canciller Pablo Quirno, José Ignacio de Mendiguren, Guillermo Michel y Gabriel Rubinstein.
Las posiciones enfrentadas
La Procuración afirma que la República ya aportó más de 115.000 páginas y que los demandantes buscan pruebas “cada vez más intrusivas e irrelevantes”. Además, remarcó que el Banco Central no está bajo jurisdicción del tribunal y que el propio Segundo Circuito ya determinó que no es alter ego del Estado.
Desde Burford, en cambio, sostienen que la Argentina no cumplió plenamente con las órdenes judiciales —incluida la entrega de contenidos de teléfonos móviles— y que el objetivo oficial es dilatar el pago, lo que justificaría sanciones adicionales y la declaración de desacato.
Fuente: EconoJournal
