La Cámara ratificó procesamiento de Cantín y Camino y revocó el de Mazú, Bodlovic y Córdoba

De un total de 92 intendentes que fueron procesados por Claudio Bonadío, la Sala I del Tribunal de Alzada confirmó el auto sólo para 47. Entre ellos para el ex intendente Raúl Cantín y para el actual ministro de Trabajo Teodoro Camino. Sobre este último dijo que se demostró “repercusiones delictivas” en el uso de los fondos.

La “megacausa ambiental”, que investiga la desviación de fondos del programa GIRSU, para el manejo de los residuos sólidos urbanos en distintas localidades del país, en la gestión de Cristina Kirchner. Ya tiene a tres ex jefes de Gabinete procesados. Ahora la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidió mantener la decisión de Claudio Bonadío. Pero sólo sobre poco más de la mitad de los intendentes procesados en primera instancia.

Además, y por considerar que el supuesto “daño” al erario público difiere por cada uno de los jefes comunales procesados. Decidió revocar la decisión de aplicar un embargo “general” por 3 millones de pesos a cada uno.

En Santa Cruz fueron procesados por Bondío 5 ex intendentes: Raúl Cantín, Teodoro Camino, José Córdoba, Matías Mazú y José Bodlovic. La Cámara sólo a los dos primeros le ratificó el procesamiento, al resto les decretó la falta de mérito.

Argumentos

Respecto del hoy ministro de Trabajo, los jueces entendieron que se demostró “repercusiones delictivas de los PMGIRSU”. Afirman que al ex intendente Teodoro Camino se le hizo una transferencia de $8.645.649″ y la auditoría arrojó una “…falta de ejecución(…) en todos sus componentes (…). Como así también la inexistencia de obras en concordancia con el convenio”

Sobre ex intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín. Los jueces de la Cámara fueron más extensos. Entendieron que recibió una primera transferencia de $25.176.903 que auguraba la construcción de una estación de clasificación y compactación.

Pero cuando presuntamente se habían aplicado tales fondos , desde el municipio se presentó una addenda que buscó relocalizar la construcción. Y el Estado Nacional aportó un nuevo financiamiento de$9.101.341.

El panorama que apreció la comisión conjunta que auditó la situación, “podría ser una réplica del que enfrentaron en otras intendencias: con el total del dinero no se había edificado la planta, y entre otros elementos. Indican que se encontraron con un galpón para oficinas y vestuarios en construcción. Un pozo para la extracción de agua sin su pertinente bomba. Un tanque australiano, un cerco perimetral incompleto y 600 metros de asfalto para el ingreso al predio.

Del informe también surge que “…la empresa [adjudicataria], que percibió una suma superior a los $38 millones, ya había presentado el octavo certificado de obra”. Pero también 4 redeterminaciones de precios llevando el valor de esa primera etapa de los $59.455.148,89 millones previstos a un valor de $88.117.740,47”. Pero se constató que, pese a haber gastado los $38.000.000 la situación de tratamiento de los residuos urbanos no “no mejoró”.

Revocatoria

A Matías Mazú, a José Bodlovic y a José Córdoba, al contrario de lo que le pasó a Cantín y Camino, los jueces revocaron su procesamiento. Pero no los sobreseyeron. La Cámara entendió que no había certeza suficiente y por ende correspondía determinar su “falta de mérito”.

En el caso de Río Turbio, señalaron que las obras comprometidas habían sido ejecutadas pero permanecían incompletas.

Lo ocurrido en Caleta Olivia, para los jueces es “un cuadro difuso”. Es que José Córdoba rindió fondos por cantidades que exceden a las enviadas por la SAyDS. A eso se le suma, dicen los jueces, que gran parte del dinero se habría invertido en materiales, mano de obra y combustible. Y si bien reconocen que el acuerdo firmado “no fue totalmente cumplido”, el sobre redimiento de facturas que había sido tomada como un “despliegue para apropiarse de recursos nacionales”, no invalida “la duda razonable”.

Finalmente en el caso de Comandante Luis Piedra Buena, indicaron que “las acciones encaradas permitieron el cumplimiento de los componentes de manera indirecta”. Ya que el Municipio había adquirido una retroexcavadora y un semirremolque que eran “ajenos al convenio”.