Milei disolvió el Procrear y transfiere la gestión de créditos al Banco Hipotecario
El Gobierno nacional concretó la disolución del histórico programa de acceso a la vivienda. Los préstamos ya otorgados seguirán vigentes y serán gestionados por una entidad bancaria privada.
El Gobierno de Javier Milei avanzó en la disolución definitiva del programa Pro.Cre.Ar, uno de los emblemas de acceso a la vivienda propia de los últimos años. A través de la Resolución 764/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, se oficializó el cierre del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, creado en 2012.
La medida se enmarca en la implementación del Decreto 1018/2024, que calificaba al programa como una “pesada carga” para el Estado, con dificultades de fiscalización y control, según se desprende de los fundamentos presentados por el Ministerio de Economía.
Críticas a la gestión y auditorías negativas
La resolución cita observaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectó demoras en la entrega de viviendas, incumplimientos contractuales, y problemas de habitabilidad. También se reportaron falencias administrativas como la falta de actualización de manuales de procedimiento y una gestión “no transparente, ni ágil ni eficaz”.
Continuidad de los créditos con nueva administración
Aunque el fondo se disuelve, los créditos otorgados se mantienen vigentes y serán administrados por el Banco Hipotecario S.A., bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en el contrato original de 2012. Las cobranzas se destinarán a una cuenta especial del Tesoro Nacional, luego de deducirse gastos y honorarios.
Además, el Banco tendrá la facultad de vender carteras de créditos con baja performance, es decir, aquellos cuya cobranza sea inferior al 40%.
Destino de los bienes e inmuebles
El Ministerio de Economía quedará a cargo de la disposición de los bienes muebles e inmuebles del fondo, incluyendo la regularización dominial. También podrá acordar la transferencia de inmuebles a provincias, municipios o institutos de vivienda, con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Los inmuebles que no estén afectados a obras vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios con el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas.
Qué pasa con los juicios y deudas
Las obligaciones dinerarias pendientes se cancelarán con los ingresos provenientes de cobranzas o ventas de inmuebles, respetando el orden de prioridades del contrato original. Las causas judiciales vigentes serán atendidas por una unidad especial del servicio jurídico del Ministerio de Economía.
La medida se enmarca en la Ley N° 27.742 de emergencia pública, que autoriza al Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios para reducir el gasto y el tamaño del Estado. Con esta decisión, el Gobierno consolida su línea de desregulación y transferencia al sector privado en políticas de vivienda.
Fuente: Noticias Argentinas
