Sin voces ciudadanas: Enargas avaló la prórroga por 20 años de concesiones gasíferas sin participación pública
Una audiencia pública exprés avaló la extensión de licencias a distribuidoras de gas hasta 2047 sin la presencia de representantes de la sociedad civil ni oposición política. La despolitización del proceso, el desinterés institucional y la debilidad de las ONG marcan una señal de alarma.
Audiencia exprés para decidir un negocio millonario
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó el pasado jueves una audiencia pública clave para definir la prórroga por 20 años de las concesiones de tres distribuidoras: Naturgy Ban, Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana. Sin embargo, el evento, de apenas una hora y media, se realizó sin la participación de ningún representante de la sociedad civil.
La decisión, de enorme trascendencia política, garantiza la continuidad de grupos empresarios al frente de un negocio regulado y monopólico hasta diciembre de 2047. Pese a ello, no se registraron declaraciones críticas por parte de ONG, asociaciones vecinales, movimientos sociales, defensorías del pueblo, sindicatos, universidades ni centros de investigación. Tampoco participaron legisladores ni funcionarios provinciales o municipales.
Una instancia vacía de contenido político
Aunque las audiencias públicas no son vinculantes, históricamente han servido como canal para expresar posturas disidentes o alertar sobre impactos en los usuarios. El hecho de que en esta oportunidad sólo hablaran ejecutivos de las empresas involucradas –y un representante de su cámara empresaria– muestra una preocupante despolitización del proceso.
La ley 24.076 exige este tipo de audiencias antes de renovar concesiones. La Ley de Bases, aprobada durante el gobierno de Javier Milei, amplió el plazo de renovación de 10 a 20 años, profundizando la continuidad empresarial en el sector.
El antecedente: otras audiencias con escasa participación
El 20 de mayo se realizó otra audiencia similar para las distribuidoras Metrogas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana, en la que participaron al menos 15 oradores, entre ellos Pedro Bussetti (DEUCO) y María José Lubertino (Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos). La diferencia contrasta con la última audiencia, donde sólo hablaron tres personas: Juan Enrique Salum (Ecogas), Marcela Córdoba (Naturgy) y Daniel Martini (Asociación de Distribuidores de Gas).
Justificaciones y desinterés
Consultado por EconoJournal, Pedro Bussetti afirmó: “Las veces que he participado en representación de Deuco, nunca se tuvo en cuenta ninguna de las consideraciones que hice. La audiencia solo se utiliza como un trámite administrativo para evitar acciones judiciales”. Osvaldo Bassano (ADDUC) fue aún más tajante: “Estaba todo arreglado”.
Las quejas incluyen el escaso tiempo de exposición (10 minutos), la falta de audiencias presenciales y la ausencia de informes finales públicos. Sin embargo, esas condiciones no son nuevas: hace años que se repiten y, en el pasado, las organizaciones igual participaban.
El problema parece más profundo: muchas asociaciones de consumidores se volvieron estructuras vacías que ya no representan intereses reales, mientras que otras enfrentan crisis institucionales que limitan su capacidad de acción.
El silencio político en la era Milei
Durante el gobierno de Mauricio Macri, los aumentos tarifarios motivaron fuerte oposición del kirchnerismo, que usaba las audiencias como plataformas de disputa. Hoy, con Javier Milei en el poder, ni siquiera los partidos opositores se hicieron presentes para marcar posición, lo que muestra una desconexión creciente entre política y ciudadanía frente a los temas energéticos.
Cuando la audiencia sí era una batalla
El contraste más evidente se remonta a septiembre de 2016, cuando una audiencia en la Usina del Arte convocó a 373 oradores tras un fallo de la Corte Suprema que obligó al gobierno de Macri a abrir el debate. Aquella vez, la audiencia fue un escenario de disputa entre oficialismo y oposición, y marcó un precedente sobre el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones tarifarias.
En cambio, el caso reciente muestra un modelo desdibujado, donde los espacios de participación existen en el papel pero no en los hechos.
Más que apatía: crisis de representación
Durante la presidencia de Alberto Fernández, las audiencias también sirvieron para dirimir internas políticas, como en 2021 cuando el entonces interventor de Enargas, Federico Bernal, desoyó al ministro Guzmán y defendió una mirada social de la energía. Incluso allí, hubo voces disonantes dentro del propio oficialismo.
Hoy, en cambio, reina el vacío: ni debates técnicos, ni visiones políticas, ni representaciones ciudadanas. Solo una formalidad cumplida para avanzar con una medida que afectará al país durante dos décadas.
Fuente: EconoJournal
