Entre Ríos gana terreno en Vaca Muerta con arena más barata y menos regulaciones
La provincia provee más del 80 % de la arena silícea utilizada en el fracking, desplazando a empresas patagónicas. Su éxito comercial se basa en menores costos operativos sostenidos por la falta de controles ambientales, fiscales y laborales, lo que genera fuertes impactos sociales y económicos.
Un insumo clave para el fracking
Entre Ríos se posicionó como líder absoluto en el abastecimiento de arena silícea para el fracking en Vaca Muerta, superando el 80 % del mercado. Operadoras como YPF privilegian esta arena por su alta calidad geológica, pero también por su bajo costo, que ronda entre 40 y 60 dólares por tonelada, frente a los más de 100 dólares que cuesta producirla en Río Negro. Incluso sumando el transporte de más de 1.300 kilómetros, sigue siendo competitiva.
Impacto devastador en la industria patagónica
La consecuencia directa fue un colapso para las proveedoras regionales. El caso más emblemático es NRG Argentina, ubicada en Allen, Río Negro, que entre 2024 y 2025 despidió a más de 640 trabajadores. De los 800 empleados que tenía en su punto más alto, hoy solo quedan 90. El derrumbe de la demanda está vinculado a la decisión de las operadoras de reemplazar la producción local por la arena entrerriana.
Un modelo basado en informalidad y baja regulación
La ventaja entrerriana no se explica solo por cuestiones geológicas. En esa provincia, los costos laborales más bajos, la débil regulación ambiental y la ausencia de fiscalización estatal permiten operar con un margen mucho mayor. Mientras las empresas petroleras ahorran millones, el costo oculto lo pagan los trabajadores despedidos, las comunidades locales y el medioambiente.
Fallos judiciales incumplidos y daños ambientales
En junio de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó al gobierno provincial que informara los volúmenes extraídos, destinos de la arena y montos recaudados en derechos de extracción. La información aún no fue publicada, a pesar de que la sentencia exigía hacerlo en diez días hábiles. Hasta el momento, la Administración Tributaria (ATER) y la Dirección General de Minería siguen sin transparentar los datos.
El modelo extractivo en los yacimientos de Ibicuy y Diamante implica el uso mensual de entre 500 y 600 millones de litros de agua para el lavado del mineral, con una gran generación de aguas residuales. Además, la remoción de suelos en humedales, la emisión de polvo de sílice y la afectación de hábitats naturales están provocando una creciente oposición en las comunidades.
Costos sociales ignorados
Además del daño ambiental, se denuncian condiciones de trabajo informal, jornadas extenuantes para los choferes que transportan la arena y falta de reinversión en las localidades afectadas. El Estado provincial, lejos de regular, parece ausente frente a una explotación que favorece a las grandes operadoras petroleras a costa del territorio y su gente.
Fuente: Diario Junio
