Torres y Sastre celebran el acuerdo que destraba la pesca: se inicia la temporada en aguas nacionales
Luego de semanas de paralización, las cámaras empresarias y el SOMU alcanzaron un acuerdo clave que permitirá reactivar la flota tangonera congeladora. Gobernador e intendente destacaron el impacto económico positivo para la región.
Tras intensas negociaciones y un creciente reclamo por parte del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, al Gobierno Nacional, finalmente se alcanzó un acuerdo entre las cámaras pesqueras y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que permitirá dar inicio a la temporada de pesca en aguas nacionales con la flota tangonera congeladora.
El entendimiento, firmado entre CAPIP, CAPeCA y el sindicato, establece que el componente de producción se abonará en un 70% como no remunerativo y un 30% remunerativo, lo que representa un alivio fiscal para las empresas sin afectar la percepción final de los trabajadores.

Un conflicto de alcance nacional
La intervención tanto de Torres como del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, fue crucial en un conflicto que trascendía las jurisdicciones provinciales. Las gestiones buscaron acelerar una solución a un problema que había detenido la actividad pesquera en puertos clave como Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, generando preocupación en toda la cadena productiva.
“Este acuerdo no solo trae alivio a los trabajadores, sino que reactiva el movimiento económico regional, especialmente en ciudades como Puerto Madryn, donde la pesca impacta directamente en múltiples sectores conexos”, subrayó el gobernador.

Impacto positivo en la economía regional
La reactivación de la zafra permitirá retomar operaciones logísticas, industriales y portuarias en toda la región patagónica. Sastre también destacó el espíritu negociador que predominó en la última etapa del conflicto, valorando el compromiso institucional de todos los actores involucrados para resguardar la paz social y permitir que la actividad económica vuelva a fluir.
El acuerdo alcanzado representa una salida consensuada y pragmática a un conflicto que amenazaba con dejar varadas no solo a las flotas, sino también a las comunidades costeras dependientes del sector.
