La Corte de Nueva York define el destino del 51% de las acciones de YPF
Este martes, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si mantiene en suspenso la orden de entregar el 51% de YPF o si obliga a la Argentina a ceder ese activo —o su equivalente— como pago por la expropiación de 2012.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York definirá hoy si mantiene la suspensión sobre la entrega del 51% de las acciones de YPF al grupo de fondos demandantes, liderado por Burford Capital y Eton Park, o si obliga a la Argentina a depositar esos activos u otros. La decisión llega 10 años de iniciado el juicio y a 13 años de la expropiación.

Existen tres posibilidades
- Que se le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó en junio pasado que el juicio de US$16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.
- Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.
- Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.
Si la Corte mantiene el freno, habrá una nueva instancia para definir la entrega de acciones. En cambio, si lo levanta, la Argentina enfrentará dos alternativas: negociar un acuerdo con los acreedores o desobedecer el fallo, con riesgo de sanciones como el embargo de reservas del BCRA, la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales o la incautación de activos de YPF.
Origen del conflicto
El juicio no cuestiona la expropiación de YPF de 2012 en sí misma, sino la omisión del Gobierno de Cristina Kirchner de realizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de la compañía. Esto, según el fallo, vulneró los derechos de inversores que habían comprado acciones en Nueva York.
La demanda se remonta a la privatización de YPF durante la presidencia de Carlos Menem en 1993, cuando se colocaron acciones en Wall Street bajo leyes estadounidenses. En 2008, el Grupo Petersen adquirió el 25% de la empresa con financiamiento de Repsol y bancos internacionales, comprometiéndose a pagar con dividendos. La nacionalización y la suspensión de dividendos en 2012 dejaron a Petersen en quiebra.

El rol de Burford Capital
En 2015, el síndico de la quiebra de Petersen subastó el derecho a litigar, que fue adquirido por Burford Capital, firma especializada en financiar juicios. Burford también respaldó la demanda de Eton Park, otro accionista perjudicado. Según el acuerdo, el 70% de cualquier indemnización irá a Burford y el 30% a la quiebra de Petersen para distribuir entre sus acreedores.
Fuentes cercanas a la familia Eskenazi afirman que el grupo aportó US$ 100 millones de fondos propios en la operación original, cifra que está documentada en los contratos de compra.
Fuente: Noticias Argentinas