Justicia de Santa Cruz: la nueva mayoría del Tribunal ratificó a Mariani como presidente y anuló los actos firmados por Fernández
Los cinco vocales dispusieron, además, que la Policía del Tribunal vaya en auxilio del cumplimiento de esta medida. La interna continúa.
La crisis institucional dentro del Poder Judicial de Santa Cruz sumó este lunes un nuevo capítulo. La nueva mayoría del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió ratificar a Daniel Mariani como presidente del cuerpo y declarar la nulidad absoluta e insanable de los actos firmados por la vocal Reneé Fernández, quien había sido designada como presidenta el pasado 2 de octubre por un sector opositor dentro del tribunal.
La medida, dictada a través del Acuerdo Extraordinario N° 3720, fue firmada por Mariani junto a los vocales Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega, conformando así la mayoría prevista por la Ley Orgánica de la Justicia luego de la ampliación del cuerpo a nueve miembros establecida por la Ley 3949.
El fallo anula la resolución que removió a Mariani
En su parte resolutiva, el documento establece:
“Se declara la nulidad absoluta e insanable de la resolución registrada en el tomo CCXXXVIII, folio 01/02, de fecha 02/10/2025, por encontrarse viciada en sus elementos esenciales, al haber sido dictada sin competencia, por un órgano sin la integración ni la mayoría prevista en la Ley Orgánica de la Justicia”.
Además, el fallo requiere el auxilio de la Policía del Tribunal para hacer efectiva la medida, en un intento por garantizar la ejecución del acuerdo y evitar nuevos conflictos de autoridad dentro del máximo organismo judicial.
El Tribunal también dejó sin efecto todos los actos firmados por Fernández en su carácter de presidenta, al considerar que “carecen de toda validez y eficacia”. De este modo, se reafirma la continuidad de Daniel Mariani como titular del TSJ, designado originalmente el 27 de noviembre de 2024 mediante el Acuerdo Ordinario N° 3.692.
Antecedentes de la crisis judicial
El conflicto se originó el 2 de octubre, cuando los cuatro vocales que se encontraban en minoría —Alicia Mercau, Paula Ludueña Campos, Reneé Fernández y Fernando Basanta— firmaron una resolución que desplazó a Mariani de la presidencia y designó a Fernández en su reemplazo.
La medida se basó en el argumento de que la ampliación del TSJ a nueve miembros, aprobada por la Ley 3949, era inconstitucional. Los vocales disidentes aseguraron que la norma fue sancionada sin respetar el procedimiento legislativo correspondiente.
El 8 de octubre, el sector encabezado por Fernández avanzó un paso más y dictó una medida cautelar que suspendió por cuatro meses los efectos de la Ley 3949, impidiendo temporalmente la incorporación de los nuevos vocales designados por el Gobernador Claudio Vidal con acuerdo de la Cámara de Diputados.
La nueva mayoría desconoce la cautelar y reafirma su legitimidad
La resolución emitida este 13 de octubre desconoce aquella medida cautelar y ratifica la plena vigencia de la Ley 3949, que amplió la cantidad de miembros del TSJ.
“La resolución del 2 de octubre resulta un acto nulo de nulidad absoluta, al haber sido dictada por un órgano sin la integración ni la mayoría prevista por la Ley Orgánica de la Justicia”, sostiene el documento.
El acuerdo también convoca a una sesión extraordinaria para tratar la paritaria judicial, una señal de que la nueva mayoría busca retomar el funcionamiento institucional del máximo tribunal santacruceño.
Una crisis que sigue abierta
Pese a esta resolución, los cuatro vocales disidentes mantienen su postura y desconocen la ampliación del cuerpo, lo que deja abierta una crisis de legitimidad y competencia en el Poder Judicial de Santa Cruz.
La situación podría derivar en nuevas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya ha intervenido en otros conflictos institucionales de la provincia.
Mientras tanto, la disputa interna continúa paralizando el normal funcionamiento del tribunal y tensionando la relación entre los poderes provinciales, en medio de un clima político marcado por la polarización y el debate sobre la independencia judicial.
