La Sala Acusadora de la Legislatura tendría los votos para avanzar en los pedidos de juicio político contra los jueces Basanta y Fernández
Se requieren dos tercios para definir si se avanza en la acusación o no. Las ocho manos podrían conformarse con los siete oficialistas y Pedro Muñoz.
La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz se reúne este lunes en sesión secreta para dar tratamiento a dos pedidos de juicio político presentados contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta y Reneé Fernández.
El encuentro será presidido por el diputado Mario Piero Boffi, titular de la Sala, quien confirmó en diálogo con Radio Al Sur que la reunión se realiza “en cumplimiento de la Ley 13”, que reglamenta el procedimiento previsto en la Sección Octava de la Constitución Provincial.
“Nos reunimos los 12 diputados que integramos la Sala para analizar si los cargos formulados están comprendidos en las causales del artículo 137 de la Constitución. Si corresponde, el expediente pasa a la Comisión Instructora”, explicó Boffi.
Dos expedientes en tratamiento
Según confirmó el legislador, la Sala analizará dos expedientes: uno que promueve el juicio político contra Fernando Basanta, por presunto incumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo de vocal del TSJ, y otro que reitera una denuncia previa contra la jueza Reneé Fernández, que había sido archivada por vencimiento de plazos.
Boffi aclaró que la reunión de este lunes tiene carácter estrictamente procedimental:
“Nosotros todavía no evaluamos el contenido de los expedientes. Lo que corresponde hoy es determinar si las denuncias se enmarcan en alguna de las causales que establece la Constitución: incapacidad física o mental, delitos en el ejercicio de la función, incumplimiento de deberes o delitos comunes”.
Qué dice la Constitución y la Ley 13
El artículo 137 de la Constitución Provincial establece que los magistrados están sujetos a juicio político “por incapacidad física o mental sobreviniente, delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes de su cargo o delitos comunes”.
La Ley 13, que reglamenta el procedimiento, dispone que al ingresar una denuncia la Sala Acusadora debe reunirse en sesión secreta para definir —por una mayoría de dos tercios de los presentes— si los cargos están comprendidos en las causales constitucionales.
De aprobarse, el expediente se remite a la Comisión Instructora, que tiene facultades para reunir pruebas y elaborar el dictamen acusatorio.
La correlación de fuerzas en la Sala
La Sala Acusadora está integrada por 12 diputados, entre ellos:
Santiago Aberastain Zubimendi, Mario Piero Boffi, Claudia Barrientos, José Ramón Bodlovic, Carlos Godoy, Javier Jara, Alfredo Martínez Alfaro, María Agostina Mora Doldán, Segundo Muñoz, Cristian Ojeda, Carlos Santi y Claudia Urrutia.
Según la conformación actual, el bloque oficialista (Por Santa Cruz) cuenta con siete miembros, a los que se sumaría el diputado Pedro Muñoz, de Coalición Cívica ARI, alcanzando los dos tercios necesarios (ocho votos) para avanzar en una eventual acusación.
“Cumplir la ley con responsabilidad”
Durante la entrevista con Café y Noticias, Boffi insistió en que su rol es estrictamente institucional y no político:
“No impulso ninguna causa. Cumplo con la responsabilidad que me toca como presidente de la Sala: recibir los expedientes y darles el trámite que la ley establece. Lo importante es actuar con respeto, transparencia y responsabilidad”.
Si la Sala resuelve que las denuncias cumplen con los requisitos formales, los expedientes serán remitidos a la Comisión Instructora, que deberá realizar las actuaciones necesarias antes de elevar un dictamen al pleno de la Cámara.
