Viviendas en Santa Cruz: el Gobierno reestructura el IDUV tras años de irregularidades y causas frenadas por la justicia
El Gobierno de Santa Cruz anunció una profunda reestructuración del esquema de licitaciones del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), con el objetivo de desmantelar un sistema que, durante años, habría favorecido sobreprecios, pagos irregulares, obras abandonadas y direccionamiento de contratos hacia empresas vinculadas al poder político.
Un nuevo modelo para terminar con la intermediación empresarial
El gobernador Claudio Vidal confirmó que el IDUV comenzará a ejecutar obras con mano de obra propia o en articulación con los municipios, dejando atrás el modelo de adjudicaciones a contratistas privados que, según denunció, “sirvió para enriquecer a unos pocos, mientras los vecinos esperaban por sus casas”.
“Durante muchos años, el IDUV trabajó con empresas relacionadas con algunos dirigentes que se beneficiaban con la obra pública y nunca eran los vecinos los beneficiados. Eso se terminó. Cada empresa que no cumpla con los contratos será excluida de futuras licitaciones”, afirmó Vidal en declaraciones a Radio El Caletense.
Denuncias por corrupción que no avanzan
El anuncio se produce en un contexto marcado por graves denuncias de corrupción contra las gestiones previas del IDUV, encabezadas por Pablo Grasso —actual intendente de Río Gallegos— y su hermana María Grasso, exfuncionaria del municipio.
En 2021, la vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, denunció irregularidades en la construcción del Centro de Atención Primaria N°1 de Río Gallegos, durante la administración de Pablo Grasso. Según publicó Winfo Santa Cruz, la funcionaria señaló pagos sin certificación de avance de obra, deficiencias en la rendición de fondos y sobreprecios. “Ninguna denuncia avanzó”, declaró Gribaudo, quien lamentó la inacción de la justicia provincial pese a las pruebas presentadas.
Causas sin resolución y sospechas de favoritismo empresarial
En 2023, el entonces concejal y actual diputado Pedro Muñoz denunció penalmente a cuatro expresidentes del IDUV —entre ellos Pablo y María Grasso— por presuntas irregularidades en la licitación de 988 viviendas entre 2015 y 2018, de las cuales solo 224 fueron entregadas.
La denuncia apuntó especialmente a la empresa Carrizo Stella Maris / Strella Construcciones, que habría sido beneficiada con contrataciones pese a estar en concurso preventivo de acreedores, una situación que la inhabilitaba para participar en licitaciones públicas.
“El fiscal pidió algunas pruebas sobre facturas apócrifas que habíamos denunciado, y lo último que supimos es que la causa se unificó con otra denuncia similar. Después, nada más”, sostuvo Muñoz, quien anticipó que se presentarán como querellantes para ampliar la denuncia una vez pasadas las elecciones.
Un intento de reconstruir la confianza pública
Con esta reestructuración, el Ejecutivo provincial busca restaurar la transparencia y eficiencia del IDUV, en un área que durante años estuvo marcada por la opacidad administrativa y la falta de rendición de cuentas. El desafío, ahora, será demostrar que la promesa de “cortar con los negocios de la obra pública” se traduce en hechos concretos y que la justicia provincial finalmente actúe sobre las denuncias pendientes.
Fuente: Winfo
