Conflicto en el Tribunal Superior: la Legislatura habilitó el pago parcial a los nuevos vocales y el caso ya está en la Corte
La Cámara de Diputados aprobó una modificación presupuestaria para garantizar el 50% del salario de los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia, tras un fallo firmado por una sola vocal.
La Corte Suprema ya advirtió sobre la invalidez de resoluciones sin la integración completa del cuerpo.
La crisis institucional en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz escaló a nivel nacional. Luego de que una resolución firmada únicamente por la vocal Reneé Fernández dejara sin salario a los nuevos integrantes del máximo tribunal, la Legislatura provincial resolvió habilitar el pago parcial de sus haberes mientras se define la constitucionalidad de la ley que amplió el número de vocales. El conflicto ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Qué resolvió la Legislatura
En la última sesión del año, la Cámara de Diputados aprobó, por 13 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención, una modificación a la Ley de Presupuesto 2026 que autoriza el pago del 50% del salario a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior: Sergio Acevedo, Gabriel Contreras, Lucio De la Vega y José Antonio González Nora.
La iniciativa, presentada por la diputada Adriana Nieto, faculta al Ministerio de Economía a liquidar y abonar de forma inmediata la mitad de los haberes correspondientes, en atención al carácter alimentario del salario y ante la ausencia de una sentencia firme sobre la validez de la Ley Provincial N° 3949, que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros.
El origen del conflicto judicial
La controversia se inició tras un amparo judicial presentado por el secretario general del gremio de empleados judiciales, Franco Mascheroni, que solicitó la inconstitucionalidad de la ley de ampliación del Tribunal Superior.
Si bien el TSJ dictó una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la norma, el fallo no quedó firme debido a que cinco de los vocales del tribunal ampliado no participaron de la decisión, lo que dejó a los nuevos integrantes en una situación inédita: asumieron en octubre, juraron el cargo y nunca cobraron sus sueldos.
El fundamento legal del pago parcial
El proyecto aprobado sostiene que, al no existir cosa juzgada, el Estado provincial debe garantizar un ingreso mínimo a los magistrados afectados. En ese sentido, la norma invoca compromisos asumidos por la provincia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias y las garantías constitucionales que reconocen al salario como un derecho fundamental.
Además, la ley prevé dos escenarios: si la ampliación del TSJ resulta constitucional, los pagos se imputarán definitivamente al Presupuesto 2026 del Poder Judicial; si se declara inconstitucional, el pago se suspenderá y el Estado podrá reclamar la devolución de los montos abonados.
El antecedente del “caso Basanta”
Durante el debate parlamentario, Nieto recordó el antecedente del juez Fernando Basanta, quien durante un juicio político en su contra fue suspendido en sus funciones pero continuó percibiendo el 50% de su salario mientras se sustanciaba el proceso.
La diputada advirtió que no pagar los haberes implicaría una grave responsabilidad institucional, y afirmó que los nuevos vocales renunciaron a sus trabajos anteriores para asumir el cargo, quedando desde entonces sin ingresos.
La advertencia de la Corte Suprema
El conflicto alcanzó un punto crítico cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció, el 18 de diciembre de 2025, sobre la nulidad de resoluciones adoptadas por un solo vocal del Tribunal Superior, reforzando la exigencia de decisiones con la integración plena del cuerpo.
Nieto sostuvo que los vocales, una vez que prestaron juramento, adquirieron las garantías de inamovilidad e intangibilidad salarial, y que solo la Legislatura, a través de un juicio político, puede suspenderlas.
Recurso federal y nulidad de lo actuado
La legisladora explicó que los jueces Acevedo y González Nora se presentaron espontáneamente en el expediente y promovieron un recurso extraordinario federal, tras considerar que habían sido perjudicados por decisiones arbitrarias.
Ese recurso fue rechazado por la vocal Reneé Fernández, sin convocar al Tribunal Superior en pleno. Frente a ello, ambos magistrados recurrieron en queja ante la Corte Suprema, que ordenó al TSJ oír a las partes, tratar el recurso con todos sus miembros y declaró la nulidad de lo actuado por la magistrada.
Una crisis que, según la oposición, terminará en la Corte
El diputado Pedro Muñoz (ARI-CC) advirtió que la situación del máximo tribunal santacruceño es “preocupante” y consideró que el conflicto institucional “inevitablemente va a terminar en la Corte Suprema de Justicia”.
Muñoz señaló que la resistencia interna a la ley de ampliación generó un escenario de inestabilidad jurídica, que solo podrá resolverse mediante una definición externa, ante posiciones irreconciliables dentro del propio Tribunal Superior.
Fuente: Winfo
