El Gobierno amplió el alcance de los proveedores locales del RIGI y reavivó el debate con la industria nacional
Un decreto permite incorporar como proveedores locales a empresas radicadas en Argentina, sin importar el origen de sus accionistas. La medida genera cuestionamientos por su impacto en fabricantes nacionales y pymes de las provincias mineras.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. Entre los principales cambios, amplió la definición de proveedor local y flexibilizó determinadas condiciones societarias y financieras para los proyectos incorporados al régimen.
La modificación establece que cualquier persona jurídica constituida y domiciliada en Argentina podrá ser considerada proveedora local, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o de la composición de su capital social.
De esta manera, una empresa de capitales chinos, estadounidenses, europeos o de cualquier otro origen podrá ingresar en esa categoría si cumple con los restantes requisitos establecidos por la normativa.
Para los proveedores de bienes, sin embargo, se mantiene la exigencia de acreditar origen nacional, conforme a los criterios del Mercosur. La metodología para aplicar ese requisito deberá ser precisada por la autoridad competente.
El Gobierno fundamentó los cambios en la necesidad de ampliar la competencia, facilitar la incorporación de empresas radicadas en el país y promover la integración de los proyectos RIGI con las cadenas de suministro locales.

Los reclamos de la industria nacional
La nueva definición podría profundizar las diferencias con sectores industriales que vienen reclamando mayores garantías para que las grandes inversiones se traduzcan en oportunidades concretas para los fabricantes argentinos.
En junio, la Unión Industrial Argentina (UIA) había propuesto establecer un porcentaje mínimo de compras de bienes con valor agregado nacional y mecanismos para verificar la capacidad de los proveedores locales de abastecer a los proyectos.
En particular, la entidad planteó que el mínimo del 20% de participación local contemplado en el régimen se aplicara específicamente a bienes industriales nacionales, junto con mecanismos de integración progresiva que ampliaran las oportunidades de contratación.
El nuevo decreto no incorpora esas propuestas, sino que amplía el universo de empresas que pueden ser consideradas proveedoras locales. Esto podría incrementar la competencia para los fabricantes nacionales, aunque la exigencia de origen de los bienes impide considerar automáticamente como compras locales a todos los productos importados.
Uno de los puntos de discusión es que constituir una sociedad en Argentina no implica necesariamente instalar fábricas, incorporar tecnología, contratar trabajadores o desarrollar capacidades productivas en las provincias donde se ejecutan las inversiones.
Las preocupaciones del sector industrial también tienen como antecedente un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC), difundido el 10 de noviembre. Según ese relevamiento, el 66,9% de las importaciones analizadas dentro del RIGI correspondía a productos para los cuales existe capacidad de fabricación nacional. La estimación sectorial, no obstante, no significa que toda esa oferta pueda responder de manera inmediata a las condiciones técnicas y comerciales de cada contrato.
Otro cuestionamiento está relacionado con las condiciones de competencia. Los beneficios arancelarios aplicables a determinadas importaciones de los proyectos RIGI pueden generar diferencias frente a fabricantes nacionales que necesitan importar componentes, afrontar tributos y cubrir mayores costos financieros.
La discusión también alcanza a los proveedores mineros provinciales
Los cambios tendrán especial relevancia para las empresas que buscan participar en los grandes proyectos de cobre, oro y litio de San Juan, Catamarca, Salta y otras provincias mineras.
En San Juan, representantes de cámaras empresarias de Calingasta, Iglesia y Jáchal vienen reclamando reglas que permitan transformar las inversiones mineras en oportunidades para las empresas y los trabajadores de las comunidades cercanas a los yacimientos.
El presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, había pedido avanzar con la reglamentación de la legislación provincial de proveedores, cuya implementación consideran necesaria para establecer condiciones concretas de participación.
La nueva definición nacional incorpora otra dimensión a ese debate: una empresa constituida en Buenos Aires, con accionistas extranjeros y sin instalaciones productivas en San Juan, podría reunir las condiciones generales para ser considerada proveedora local del RIGI, siempre que cumpla los demás requisitos. Esto no significa que automáticamente sea considerada proveedora local bajo la legislación provincial.
La diferencia puede ser relevante para las pequeñas y medianas empresas que invirtieron en equipos, instalaciones, personal y certificaciones con la expectativa de acceder a contratos de construcción y operación de los grandes emprendimientos.
También está en discusión la capacidad de competencia entre compañías de distinta escala. Las firmas internacionales suelen contar con mayores posibilidades de financiamiento, experiencia y estructura para participar en contratos de gran magnitud, mientras que los proveedores provinciales enfrentan dificultades para acceder al crédito y sostener inversiones anticipadas.
Entre las preocupaciones planteadas por los sectores productivos aparece la posibilidad de que una parte importante de las compras se concentre en grandes compañías con presencia jurídica en Argentina, sin que eso implique necesariamente un fortalecimiento de las cadenas industriales y comerciales de las provincias mineras.
Flexibilización de las estructuras societarias y financieras
Además de modificar la definición de proveedor local, el decreto incorpora cambios para facilitar las transferencias de participaciones societarias, las reorganizaciones empresariales y determinadas operaciones de financiamiento de los proyectos adheridos al RIGI.
La normativa permite transferir acciones o participaciones de los vehículos de proyecto único sin que eso implique la pérdida automática de los beneficios del régimen, siempre que se mantengan las obligaciones y condiciones correspondientes.
También habilita reorganizaciones societarias bajo determinados requisitos y precisa qué aportes de divisas realizados por accionistas y empresas vinculadas pueden computarse cuando estén destinados efectivamente al financiamiento de los proyectos.
Estas operaciones continuarán sujetas a mecanismos de información, autorización y control, mientras que las compañías deberán mantener los compromisos de inversión asumidos.
Los cambios apuntan a otorgar mayor flexibilidad a emprendimientos de gran escala, cuyos desarrollos suelen involucrar distintas empresas, estructuras internacionales de financiamiento y largos períodos de construcción.
Sin embargo, la discusión más sensible seguirá concentrada en el alcance de las compras locales y en los beneficios que las inversiones generen para las economías provinciales. El punto central será determinar si la ampliación de la competencia contribuye a desarrollar nuevas capacidades productivas dentro del país o si reduce las oportunidades de los fabricantes nacionales y los proveedores de las provincias frente a compañías internacionales con mayor respaldo financiero.
La diferencia entre cumplir formalmente con una contratación local y generar producción industrial, empleo y compras en las comunidades mineras será uno de los principales ejes del debate abierto por la modificación del RIGI.
Fuente: Minería & Desarrollo
