Usina Río Turbio: De Vido, Baratta y Peralta, entre otros, a indagatoria
El juez Claudio Bonadio llamó a una decena de ex funcionarios a indagatoria para lo cual habilitó la feria judicial. Comienzan este jueves con Julio De Vido y cierran el 11 de enero con Daniel Peralta. Sostuvo que hay sospecha suficiente de perjuicio al erario público en la construcción de la obra.
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Como una derivación de la causa de los cuadernos de la corrupción, finalmente el juez Claudio Bonadío, accedió al pedido del fiscal Guillermo Marijuan y citó a indagatoria a una decena de ex funcionarios nacionales y empresarios de Isolux Corsan por sobreprecios y malversación en la obra de la Termousina eléctrica de Río Turbio.
De esta forma, Bonadío reabrió una caus que ya fue cerrada en dos oportunidades y reabierta por la Cámara Federal y que tomó mayor forma, a partir de la declaración como arrepentido del ex titular de Isolux Argentina, Juan Carlos de Goycochea.
Las declaraciones comenzarán el próximo jueves con De Vido y se extenderán hasta el 11 de enero. Para eso, Bonadio habilitó la feria, alertando un verano activo en los tribunales de Comodoro Py.
El juez entendió que en base a “los elementos que se han ido incorporando a la causa tanto por su especificidad como por su volumen” ahora sí “se ha configurado el grado de sospecha suficiente” para llamar a indagatoria a los imputados.
“Se habría perpetrado un significativo perjuicio patrimonial al erario público a raíz de la construcción de la denominada Central Termoeléctrica a carbón Río Turbio, lo cual comprende tanto los actos llevados a cabo por los funcionarios públicos y directivos de la contratista que intervinieron en el trámite de la licitación 12/06 del Ministerio de Planificación para su construcción bajo la modalidad ‘llave en mano’ que culmina con la adjudicación de la obra consorcio Isolux Corsán a un precio ostensiblemente mayor al del mercado internacional”, estableció el juez. La investigación, dijo Bonadio, incluye “los actos llevados a cabo concomitante y posteriormente portal de funcionarios y directivos de la UTE contratista durante la construcción”.
El 14 de diciembre de 2007, el Estado firmó un acuerdo con la empresa Isolux Corsan -aún pese a las observaciones realizadas por la Comisión Evaluadora- para la construcción de una Central Termoeléctrica a Carbón en Río Turbio. Las advertencias aludían a que no estaba solucionado el problema de las toneladas de ceniza que generaría la central ni tampoco cómo la mina iba a generar 240 MW, si la capacidad de producción era de 120.000 toneladas al año.
Para abastecer la central y generar esa cantidad, tenían que multiplicar por diez la producción de carbón de la mina, con un costo extra para el Estado Nacional o bien importar el carbón para alimentar la central. El Estado, sin embargo, firmó que el proyecto “sería ejecutado en 42 meses en la cuenca carbonífera, con una inversión de más de 2600 millones de pesos, cuyo costo total sería cubierto por el Estado Nacional y por la venta de carbón de Río Turbio que no fuera utilizado para la usina”.
En noviembre de 2015, apenas unos meses después de relanzarse y prometer que produciría energía para todos los argentinos, la usina dejó de operar por falta de carbón. El Gobierno terminó debiéndole más de $ 700 millones a la constructora Isolux Corsan, al no aprobar las certificaciones de obra.
El trámite judicial
En Comodoro Py, Bonadio se cerró la causa en dos veces, con aval del fiscal, al no poder corroborar las denuncias. Los fiscales de la Procuración de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez y María Andrea Garmendia Orueta se opusieron al sostener “resultan ineludibles” realizar una serie de peritajes que debían hacerse antes de cerrar la causa. La Cámara Federal les dio razón.
Con la reactivación ahora de la causa y el expediente de los cuadernos, Marijuan amplió la hipótesis investigativa y advirtió “la existencia de presuntos pagos irregulares a la empresa contratada –Isolux Corsan- través de 8 pagarés por un monto total de 143 millones de dólares, en forma anticipada, que habrían implicado eventuales pagos de retornos a funcionarios”.
“El procedimiento de licitación, contratación, ejecución y financiamiento de la obra de construcción de la CTRT, caracterizado por las numerosas irregularidades supuso un incremento patrimonial indebido para el Grupo Isolux. A ese resultado –beneficio del grupo privado y perjuicio al Estado- no habría podido arribarse sin la intervención de funcionarios públicos interesados como parte en las gestiones necesarias para la licitación de la obra, la contratación y autorización de variantes y adendas a la obra de construcción de la CTRT asignadas directamente al Grupo Isolux, que participó activamente y se benefició con la maniobra”, sostuvo Marijuan en el dictamen al que accedió Infobae.
Así las cosas, una oferta realizada por la UTE que fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 (equivalente a $ 2.662.044.205) terminó ascendiendo a U$S 1.726.251.982. “La ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas desde el inicio de la licitación, son indicadores que permiten sospechar que los funcionarios públicos intervinientes persiguieron beneficiar al mencionado grupo empresario”, se añadió.
El cronograma de indagatorias
Según se publicó Bonadio interrogará el jueves próximo a De Vido y el viernes a Baratta, y la semana próxima fue citado el ex Inspector de Obra de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, Néstor Prades. Las declaraciones continuarán el 3 de enero con varios de los protagonistas de la otra causa Río Turbio (por la que fue preso De Vido inicialmente y que está en manos del juez Luis Rodríguez.
Allí fueron citado el ex coordinador General de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Miguel Ángel Larregina y, al día siguiente, el ex secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral. Entre el 7 y 9 de enero se espera a los responsables del grupo empresario Isolux-Corsan: Juan Carlos de Goycoechea (primer arrepentido de cuadernos y procesado como miembro de asociación ilícita), Ernesto Alejo Maxit, Mario Maxit y Alejandro Koweindl.
En tanto, el 10 de enero declararán ex interventores de YCRT Rolando Aramini y Atanacio Pérez Osuna (preso por la causa Río Turbio) y al día siguiente cerrará la lista el ex gobernador Peralta, quien había presentado un pedido de eximición de prisión apenas se enteró que el fiscal Marijuan pedía su arresto.
