Paro nacional docente: el Gobierno ratificó que las escuelas deberán garantizar un 75 % de actividad y habrá inspecciones
En la antesala de la medida de fuerza convocada por CTERA, el Ministerio de Capital Humano advirtió que se aplicará la ley de esencialidad. Habrá operativos de control en todo el país y amenazan con sanciones a los gremios ante posibles incumplimientos.
A horas de la implementación del paro nacional docente impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), la tensión entre el Gobierno nacional y los gremios escaló a un nuevo nivel. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ratificó de manera formal que las instituciones educativas deberán garantizar al menos el 75 % de la prestación habitual del servicio durante la jornada de protesta.
La decisión, coordinada a través de la Secretaría de Educación y el Consejo Federal de Educación, se ampara en la plena vigencia de la normativa que declara a la educación como un servicio estratégico esencial, buscando mitigar el impacto de la huelga en el desarrollo académico de los estudiantes.
La Ley de Esencialidad en el centro de la escena
La cartera nacional recordó que la medida de fuerza se cruza con los lineamientos de la legislación vigente —en particular, la normativa de modernización laboral— que estipula un piso estricto de operatividad en las aulas.
“La norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, señalaron desde el Ejecutivo mediante un comunicado oficial.
El conflicto gremial, que encuentra su raíz en la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias, los reclamos por una recomposición salarial acorde a la inflación y la exigencia de mayores partidas presupuestarias, choca frontalmente con la postura de la administración central de priorizar la presencialidad.
Operativo de control y advertencia de sanciones a gremios
Para garantizar que la directiva se cumpla en las diferentes jurisdicciones, el Gobierno desplegará un esquema de fiscalización. A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se llevarán adelante inspecciones muestrales y monitoreos aleatorios en establecimientos educativos de todo el país.
Ante este escenario, el mensaje oficial fue categórico: el incumplimiento por parte de las entidades sindicales de esta cobertura mínima activará de manera automática los mecanismos legales para la aplicación de sanciones a los gremios infractores.
Mientras las familias aguardan con incertidumbre el desarrollo de la jornada escolar en los distintos distritos afectados, el pulso político se mantiene firme entre la necesidad de los sindicatos de visibilizar sus demandas salariales y la decisión del Estado de hacer valer los márgenes de esencialidad fijados por ley.
