Represas de Santa Cruz: Nación licitará la supervisión de las obras por más de $39.624 millones
La Secretaría de Obras Públicas autorizó la contratación de una consultora para fiscalizar los aspectos técnicos, ambientales, contractuales y administrativos del proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.
El Gobierno nacional autorizó una licitación pública por $39.624.345.857,96 para contratar una empresa que supervise las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. La firma tendrá a su cargo el control de distintos aspectos del proyecto hasta la recepción definitiva de los trabajos.
La medida fue formalizada el viernes 30 de octubre mediante la Resolución 274/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, según publicó La Opinión Austral. El contrato comprenderá el aprovechamiento hidroeléctrico La Barrancosa y la línea de extra alta tensión asociada.
Qué tareas deberá controlar la consultora
La empresa que resulte adjudicataria deberá fiscalizar la ejecución de los trabajos en cuatro áreas principales: técnica, ambiental, contractual y administrativa.
El pliego contempla la revisión técnica de las obras, el seguimiento del cumplimiento ambiental, el control de las obligaciones contractuales y la asistencia administrativa durante el desarrollo del proyecto.
El procedimiento se realizará mediante una licitación pública nacional de etapa múltiple, bajo el sistema de ajuste alzado. La contratación no contempla un anticipo financiero y tendrá vigencia hasta que las obras obtengan su aprobación definitiva.
La Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, había solicitado la incorporación de asistencia especializada para reforzar los mecanismos de control.
El cambio de organismo comitente y la salida de ENARSA
La contratación se enmarca en la reorganización administrativa del proyecto. En abril, el Decreto 238/2026 apartó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) de la función de comitente y transfirió sus atribuciones a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
A partir de esa modificación, el organismo nacional asumió los derechos, obligaciones y actuaciones administrativas vinculadas con los contratos y sus adendas.
El cambio se produjo mientras avanza el proceso de privatización de ENARSA y requirió coordinar la transición de responsabilidades entre la empresa estatal y las áreas del Gobierno nacional involucradas.
La licitación no implica el reinicio de las represas
La convocatoria para contratar una empresa de inspección no significa, por sí sola, que se hayan reanudado las obras ni que exista una nueva adjudicación a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo.
Sin embargo, la incorporación de una consultora de supervisión completa una parte del esquema de control requerido para una eventual continuidad del proyecto.
La convocatoria permanecerá publicada durante 15 días y deberá respetar una anticipación mínima de 20 días, de acuerdo con la normativa aplicable.
En marzo, ENARSA y la UTE habían alcanzado un acuerdo para establecer las condiciones de planificación de un posible reinicio de los trabajos. La nueva licitación constituye otro paso administrativo dentro del proceso, aunque todavía no confirma una fecha para la reactivación de la construcción.
