Barrera fitosanitaria: un mes para definir cómo seguirá funcionando
Las cinco provincias que están bajo la barrera tendrán que hacerse cargo del gasto operativo de la misma. Encuentro para “ponerse de acuerdo”.
Desde el 1 de enero de 2025, el manejo de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica pasará a las provincias beneficiadas. La decisión del Gobierno de Javier Milei fue informada en julio. Asumirá el costo del personal del SENASA, afectado a la misma, pero no el costo operativo para su funcionamiento.
La próxima semana, representantes de las cinco provincias patagónicas afectadas y referentes de los productores se reunirán en Buenos Aires para avanzar en estrategias comunes para afrontar esta decisión de la Nación.
La barrera
La Barrera Zoofitosanitaria Patagónica busca mantener libre a la región de plagas y enfermedades agropecuarias. Las principales son la aftosa, en el caso de la ganadería, y la mosca de los frutos en la agricultura. Estándares que aseguran y viabilizan las exportaciones de carne y frutas a distintas partes del mundo.
Este cambio de estatus causa preocupación entre los productores. Osvaldo Luján, titular de la Federación Rural de Chubut, expresó que una virtual caída de esta barrera pondría causaría estragos económicos a la región. Por eso remarcó que es primordial que se logre un acuerdo entre las provincias para su continuidad.
El “ponerse de acuerdo” básicamente pasa por una cuestión económica. Además de los sueldos del personal y técnicos del SENASA, que Nación seguiría costeando, mantener la barrera cuesta al año unos 1.400 millones de pesos, de los cuales el 50% son gastos operativos y el otro 50% son inversiones.
“Esto no es nuevo, porque desde que se creó la barrera las provincias debían colaborar con la misma” reconoció César Guatti, referente de la FIAS. “Quizás las inversiones podrían postergarse un tiempo, pero los gastos operativos no”, marcó el productor.
Pero a la hora de hacer cuentas, sostuvo que “mantener en pie la barrera, si pensamos que somos cinco provincias, no es algo tan oneroso (considerando los beneficios), ya que serían unos $ 12 millones al mes que debería afrontar cada una”.
“Los gobiernos de toda la Patagonia tienen que privilegiar la cuestión productiva y la posibilidad de llegar a los mercados más valorizados. Creo que usando un poco la imaginación y otro poco la buena voluntad, sin necesidad de poner muchos recursos económicos, esto se puede mantener en pie“, destacó Guatti.
“Si al primero de enero no hay acuerdo entre las provincias, podría ocurrir que no funcione la barrera y será una catástrofe”, sentenció en LU12 AM680 el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jamieson. No tener la barrera “implicaría que los países a los que exportamos no acepten nuestros corderos, o la fruta fina o la manzana, porque se caería el status sanitario que hoy garantiza la exportación”.
Las provincias deberán conformar una estructura administrativa que “maneje” el funcionamiento de la barrera. Un convenio con Funbapa (Fundación Barrera Patagónica) podría ser la salida.
