PIAP continúa paralizada y la Ley del Hidrógeno sigue sin definiciones
Ni la reactivación de la Planta de Agua Pesada ni el marco regulatorio para el hidrógeno muestran avances concretos. Inversores siguen esperando señales claras por parte del Gobierno nacional.
Sin definiciones para la PIAP
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) permanece sin señales de reactivación, a pesar de las expectativas que genera su posible reconversión hacia la producción de hidrógeno azul en un enclave estratégico cercano a Vaca Muerta. En el último informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación presentado ante la Cámara de Diputados, no se ofrecieron certezas sobre su futuro.
Desde el Ministerio de Economía, se limitaron a informar que la Secretaría de Energía se encuentra “evaluando proyectos de regulación de la producción de hidrógeno”, abarcando distintas variantes como el hidrógeno azul. Sin embargo, los avances parecen estancados en una etapa preliminar dentro de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.
La PIAP lleva más de siete años sin funcionar, y el último intento concreto por reactivarla —a través de un contrato con Candu Energy por la provisión de 1.000 toneladas de agua pesada— quedó congelado con el cambio de gobierno. Se estima que se necesitan USD 20 millones para reacondicionar la planta, pero no hay asignaciones presupuestarias para tal fin.
El hidrógeno, un potencial aún sin rumbo
El hidrógeno es considerado uno de los pilares para la transición energética en el país, especialmente por las condiciones naturales privilegiadas de la Patagonia argentina y el norte solar. Sin embargo, Argentina pierde terreno frente a países como Chile, Brasil y Uruguay, que ya avanzan con proyectos concretos y legislación específica.
Pese a los anuncios de inversiones en Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, ninguna iniciativa ha sido formalizada. La falta de un marco normativo claro es uno de los mayores frenos para el desarrollo del sector.
De acuerdo con especialistas como Juan Cruz Azzarri, abogado del estudio MHR, los principales obstáculos son la inseguridad jurídica y la falta de compradores a largo plazo. Aunque el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) representa un avance, aún se requieren plazos más adaptables a la envergadura de los proyectos de hidrógeno.
La ley sigue en pausa
La última esperanza de avance legislativo se dio durante la gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo en la Secretaría de Energía, quien adelantó que se trabajaba en una “ley corta del hidrógeno” para facilitar inversiones. No obstante, su salida y la llegada de María Tettamanti ralentizaron el proceso, y actualmente no hay novedades sobre un proyecto de ley que brinde seguridad a los inversores.
Mientras tanto, tanto la PIAP como el desarrollo del hidrógeno siguen sin hoja de ruta clara, y los actores del sector energético e industrial continúan a la espera de señales políticas y normativas que permitan aprovechar el potencial estratégico que ofrece el país en esta transición energética global.
Fuente: Más Energía
