Santa Cruz aprobó el plan de cierre de Cerro Vanguardia, la mina pionera que marcó el inicio de la actividad aurífera en la provincia
La Secretaría de Estado de Minería avaló el Plan de Cierre con un presupuesto superior a los USD 114 millones.
La provincia de Santa Cruz oficializó la aprobación del Plan de Cierre de Cerro Vanguardia, la mina pionera de la actividad aurífera santacruceña y uno de los proyectos que marcaron el despegue de la producción metalífera en la región. La decisión fue publicada esta semana en el Boletín Oficial a través de una resolución de la Secretaría de Estado de Minería.
El plan, presentado por Cerro Vanguardia S.A., contempla un presupuesto total de USD 114.791.576 destinado a ejecutar las etapas técnicas, ambientales y sociales del proceso de cierre. De esta manera, el proyecto que abrió el camino para el desarrollo minero provincial entra formalmente en su cronograma de desactivación bajo un estricto esquema regulatorio.
Un cierre bajo la Ley 3751 y con obligaciones de control permanente
La aprobación se enmarca en la Ley Provincial 3751 y su Decreto Reglamentario 1494/22, que establecen el procedimiento de Cierre de Minas en Santa Cruz. Estas normas fijan requisitos, garantías y mecanismos de supervisión para asegurar que los proyectos mineros concluyan sus operaciones cumpliendo estándares ambientales y sociales acordes con el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y el principio de desarrollo sustentable.
La resolución provincial detalla que Cerro Vanguardia deberá presentar informes semestrales de avance y cumplimiento, tal como exige el Artículo 7 de la normativa vigente. Estos reportes deberán documentar el estado de ejecución del plan, las tareas de remediación y el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos.
Garantías ambientales y exigencias administrativas
El Gobierno también requirió a la empresa la presentación del Plan de Constitución de Garantías, que deberá ser informado dentro de los próximos 15 días hábiles. En caso de incumplimiento, la autoridad de aplicación podrá declarar la caducidad de la aprobación otorgada.
Las garantías se podrán constituir de manera escalonada, en línea con el cronograma del plan de cierre, y deberán ajustarse a las modalidades previstas en el Artículo 34 de la Ley 3751.
Responsabilidad compartida ante cualquier transferencia
La resolución incorpora un punto clave: en caso de que los derechos mineros del proyecto sean transferidos o cedidos, tanto la empresa actual como la adquirente serán responsables solidarias ante el Estado Provincial. Esta obligación se mantendrá hasta que la autoridad minera apruebe formalmente la asunción de los compromisos por parte del nuevo titular.
La medida se basa en el principio de responsabilidad ambiental, contemplado en la Constitución Nacional y en la Ley 25.675, que establece que quienes generan un impacto deben responder por su mitigación y remediación.
