Municipios de Santa Cruz adeudan más de $111 mil millones a la Caja de Previsión Social
La Caja de Previsión Social de Santa Cruz reveló que la deuda acumulada de municipios y comisiones de fomento con el sistema previsional provincial asciende a $111.226 millones, correspondientes a aportes personales y patronales no depositados según lo estipulado por la Ley Previsional N.º 1782.
Aportes no transferidos por los empleadores públicos
El monto representa fondos descontados de los haberes de los trabajadores y no transferidos en tiempo y forma a la Caja. La Ley 1782, en su artículo 18 inciso b, establece la obligación de que los organismos empleadores, incluidos los gobiernos locales, depositen estos aportes dentro de los primeros siete días de cada mes.
El incumplimiento de esta norma compromete el equilibrio y la sustentabilidad del sistema previsional, que se basa en un principio de solidaridad intergeneracional, con aportes de trabajadores activos que financian las jubilaciones actuales.
Impacto en el sistema y acciones para revertir la situación
Desde la Caja se advirtió que estas deudas no solo representan una grave irregularidad financiera, sino que también afectan la capacidad del organismo para cumplir con sus obligaciones hacia los jubilados.
Ante este escenario, el organismo previsional informó que está promoviendo el diálogo institucional con los municipios y comisiones de fomento para que retomen el cumplimiento de los aportes mensuales y se pueda avanzar, posteriormente, en la negociación para saldar la deuda histórica.
Un llamado al cumplimiento legal
“El compromiso de los empleadores con el sistema previsional no es optativo. Es una responsabilidad legal y ética que garantiza derechos fundamentales de los trabajadores y jubilados”, señalaron desde la Caja, al tiempo que destacaron que el saneamiento de esta deuda es clave para preservar la sustentabilidad del régimen jubilatorio en Santa Cruz.
La situación expone una debilidad estructural en el financiamiento del sistema previsional provincial y requiere de acciones urgentes y sostenidas por parte de los gobiernos locales, a fin de evitar una mayor vulnerabilidad financiera del organismo.
