Emergencia Pesquera Nacional: proponen una ley por 24 meses para salvar al sector
El proyecto impulsado por el diputado José Luis Garrido busca declarar la emergencia en toda la actividad pesquera argentina. Propone incentivos fiscales, un fondo especial, créditos blandos y trazabilidad obligatoria. Críticas por su falta de soluciones estructurales.
En medio de una profunda crisis económica, social y productiva, un nuevo proyecto de ley ingresado al Congreso Nacional propone declarar la Emergencia Pesquera Nacional por un período de 24 meses, con posibilidad de prórroga. La iniciativa, impulsada por el diputado José Luis Garrido (Santa Cruz), apunta a asistir a todas las jurisdicciones con actividad pesquera, en especial a las provincias marítimas y fluviales con mayor volumen extractivo.
La propuesta busca fortalecer el empleo, recuperar la sustentabilidad económica, modernizar el sector y combatir la pesca ilegal, al tiempo que promueve el consumo interno y la expansión de mercados internacionales.
Alivio fiscal y fondos especiales
Durante el estado de emergencia, la norma contempla la suspensión de aumentos impositivos y vencimientos fiscales y previsionales que impacten sobre la actividad pesquera y acuícola. Además, se creará el Fondo de Fomento y Sostenibilidad Pesquera (FOFOSPE), que se financiará con fondos del presupuesto nacional, multas por pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), asistencia internacional y aportes provinciales.
También prevé créditos blandos a través de un fondo rotatorio para proyectos de modernización tecnológica, así como incentivos fiscales para empresas que inviertan en reconversión y sostenibilidad.
Trazabilidad obligatoria y control técnico
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura (SUTraP), que será validado por el INIDEP y ajustado a estándares de la FAO. Las empresas exportadoras tendrán un año para adaptarse, mientras que aquellas dedicadas al mercado interno dispondrán de tres.
Asimismo, se asignan responsabilidades a distintos organismos del Estado: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación, coordinando acciones con INIDEP, SENASA y el Consejo Federal Pesquero. También se prevén campañas para fomentar el consumo de pescado, a cargo de los ministerios de Salud y Economía.
Transparencia, monitoreo e implementación
El proyecto exige que, a los 18 meses de su entrada en vigencia, se presente ante el Congreso un informe de evaluación de impacto, con indicadores económicos, evolución de los fondos y recomendaciones. Además, propone un portal público y gratuito para informar sobre la ejecución del FOFOSPE, empresas beneficiadas e indicadores de sostenibilidad.
De aprobarse, el Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la ley.
Críticas a un enfoque superficial
Sin embargo, algunos sectores pesqueros y expertos ya expresaron sus reparos. Denuncian que se trata de una respuesta cosmética a una crisis estructural, donde la sobrerregulación, el desconocimiento de la dinámica real del sector y la ausencia de soluciones de fondo podrían convertir a la ley en una mera formalidad. “No se trata de avanzar, sino de aparentar”, advierten, cuestionando la eficacia y legitimidad del sistema vigente.
Fuente: Pescare
