El Gobierno impulsa una Ley de Hidrógeno con beneficios clave para atraer inversiones
La nueva normativa propone estabilidad tributaria por 30 años y adapta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al sector, con el objetivo de posicionar a Argentina como un actor global en la industria del hidrógeno verde y de bajas emisiones.
El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Hidrógeno, una normativa clave para atraer inversiones en energías limpias. Impulsada por los diputados Lorena Villaverde (LLA, Río Negro) y Martín Maquieyra (PRO, La Pampa), la iniciativa busca consolidar un marco legal estable que incentive el desarrollo de una industria incipiente pero estratégica para la transición energética global.
El texto ingresó a la Cámara baja como Proyecto de Ley 3503-D-2025 y declara de interés nacional toda actividad relacionada con el hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, desde su producción y almacenamiento hasta su exportación y uso industrial.
Estabilidad fiscal y protección ante cambios normativos
Uno de los ejes principales del proyecto es el otorgamiento de estabilidad tributaria por 30 años a todos los proyectos vinculados a la cadena de valor del hidrógeno. Esto incluye la garantía de que los emprendimientos no se verán afectados por nuevos tributos o aumentos de los existentes, incluso si no adhieren al RIGI. Se trata de una medida para reducir el riesgo regulatorio y generar condiciones de previsibilidad a largo plazo.
El RIGI, con ajustes para el hidrógeno
Reconociendo que los proyectos de hidrógeno requieren tiempos de maduración más extensos, la ley propone dos modificaciones clave al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones:
- Extensión del plazo de adhesión al RIGI de dos a cinco años, con posibilidad de prórroga por uno más.
- Mayor flexibilidad en los plazos de inversión mínima, otorgando tres años para cumplir con el porcentaje requerido de inversión en activos.
Estos cambios buscan compatibilizar los requisitos del régimen de promoción con la complejidad de los proyectos del sector, que demandan altas inversiones en infraestructura y tecnología.
Certificación y estándares internacionales
El proyecto asigna a una autoridad de aplicación nacional—a definir por el Poder Ejecutivo—la tarea de diseñar un sistema de certificación del hidrógeno que cumpla con los estándares internacionales. Además, tendrá competencias para aprobar normativas de seguridad, coordinar con provincias y municipios, e impulsar una Estrategia Nacional del Hidrógeno.
También se prevé la articulación con universidades, organismos científicos, y la cooperación internacional para posicionar al país como referente global.
Argentina frente a una oportunidad energética única
Argentina cuenta con ventajas comparativas clave para liderar el mercado del hidrógeno verde, como su potencial eólico y solar, la disponibilidad de agua dulce y salada, y vastos territorios poco poblados. Especialistas estiman que la demanda internacional de hidrógeno de bajas emisiones crecerá de forma sostenida en las próximas décadas.
Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el hidrógeno podría representar hasta el 14% del consumo energético mundial en 2050, lo que obligará a quintuplicar la producción actual.
Consenso político y expectativas de inversiones
Fuentes cercanas al oficialismo aseguran que el proyecto refleja “el 100% de los ejes estratégicos del Gobierno” y que hay espacio para avanzar con consenso parlamentario, dada la necesidad de dar respaldo legal a inversiones millonarias ya anunciadas por actores globales del sector.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca no solo atraer capital, sino también garantizar seguridad jurídica a inversores y posicionar a Argentina como un jugador clave en la economía del hidrógeno.
Fuente: Mejor Energía
