Dictamen fiscal complica la habilitación de Villafañe para votar en octubre
El fiscal federal Ramiro González recomendó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que se revoque la sentencia que permitió al exintendente de Río Gallegos, Juan Carlos Villafañe, figurar en el padrón electoral pese a su condena en la causa Vialidad.
El funcionario sostuvo que la inclusión de personas condenadas en el registro de electores debe ser regulada por una ley del Congreso y no por decisiones judiciales aisladas.
El antecedente de Cristina Kirchner
El expediente se vincula directamente con el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también condenada en la misma causa a seis años de prisión por delitos contra la administración pública. La CNE aceptó un recurso del fiscal Julio Lucas Zárate y revisa en paralelo si la exmandataria podrá ejercer el voto en Santa Cruz.
Villafañe había sido mantenido como elector activo por un juez de primera instancia, lo que le habilitaba a sufragar en octubre. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esa decisión y pidió que se dé marcha atrás hasta que el Poder Legislativo sancione una norma específica.
La postura del Ministerio Público Fiscal
González no objetó la declaración de inconstitucionalidad que pesaba sobre la norma que quitaba automáticamente el derecho al voto a los condenados por delitos dolosos, tal como estableció la CNE en 2014. Lo que rechazó fue la habilitación automática de Villafañe sin un marco legal aprobado por el Congreso.
En línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema en los casos Orazi (2015) y Donocik (2016), el dictamen subraya que el ejercicio del derecho al sufragio por parte de condenados requiere de una reglamentación integral, que defina criterios de habilitación e inhabilitación según el tipo de delito y que establezca pautas operativas y registrales claras.
Un fallo con impacto político
La decisión de la Cámara Nacional Electoral será clave para fijar los alcances de la participación política de condenados en la Argentina. El fallo no solo definirá la situación de Villafañe, sino que también marcará el rumbo sobre cómo compatibilizar la acción judicial con la potestad legislativa en materia de derechos políticos.
Fuente: Winfo
