Torres, Vidal y Cornejo: Querellantes en Argentina, “amicus curae” en Estados Unidos contra Eskenazi por las acciones de YPF
Pidieron ser tenidos en cuenta en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Argentina. Y lo propio en Estados Unidos.
Este lunes, los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, se constituyeron como querellantes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py. La presentación busca que se investiguen las supuestas irregularidades vinculadas al ingreso del Grupo Petersen –de la familia Eskenazi– a YPF en 2007.
“De ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal”, aseguró Torres desde la Ciudad de Buenos Aires.
El mandatario chubutense remarcó que “las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”.
El origen del conflicto: Eskenazi, Petersen y Repsol
El caso se remonta a diciembre de 2007, cuando el Grupo Petersen, encabezado por Enrique Eskenazi, adquirió un 25% de YPF a Repsol a través de sociedades radicadas en España. La operación se financió con dividendos futuros de la propia compañía, lo que en la actualidad es cuestionado por los gobernadores como una maniobra irregular.
Cinco años después, en 2012, el Congreso sancionó la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF. Con ello, el Estado argentino tomó el control de la petrolera.
En 2014, el Gobierno cerró un acuerdo con Repsol y le pagó US$ 5.000 millones como indemnización por la estatización. Sin embargo, el Grupo Petersen ya había iniciado un litigio contra la Argentina que, tras su quiebra, quedó en manos del fondo Burford Capital.
El fallo de Preska y el reclamo multimillonario
En 2015, Burford presentó la demanda en Nueva York, argumentando que la Argentina violó el estatuto de YPF al no extender la oferta de compra al resto de los accionistas cuando se expropió el 51% de las acciones.
En marzo de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina y sostuvo que el país “incumplió el contrato”. En septiembre de ese mismo año, fijó la condena: el pago de US$16.100 millones, más intereses.
En junio de 2025, Preska ordenó además entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de la indemnización. Sin embargo, en julio, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente esa medida, otorgando un respiro al Estado argentino.
Torres: “Ante esta locura, tenemos que hacer causa común”
Torres fue contundente al explicar los motivos de la ofensiva judicial:
- Señaló que “ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió”, en referencia a la compra del Grupo Petersen y al fallo de Preska.
- Recordó que “en esa expropiación, el 49% del 51% expropiado pertenece a las provincias productoras de petróleo”.
- Y advirtió: “Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y lo que es propiedad de las provincias productoras”.
Presentación ante la Corte de Nueva York
Además de la querella en Comodoro Py, la provincia de Chubut presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Allí, Torres subrayó que el fallo de Preska “no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF” y recordó que “solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso, el Estado argentino”.
Un frente judicial doble
Con esta jugada, los gobernadores abren un frente judicial doble:
- En Argentina, con la querella penal contra los Eskenazi por presuntas maniobras fraudulentas en el ingreso a YPF.
- En Estados Unidos, con presentaciones para intentar frenar o condicionar el cumplimiento del fallo civil.
El desenlace será clave no solo para el futuro de YPF, sino también para las arcas de la Nación y de las provincias productoras de petróleo, que se ven directamente amenazadas por un juicio que ya figura entre los más costosos de la historia argentina.
