Basanta fue suspendido en sus funciones y afronta el juicio político
La Sala Acusadora realizó dictámen en ese sentido y cursó el expediente a la Sala Juzgadora. En 30 días deberá estar resuelto.
La crisis institucional en el Poder Judicial de Santa Cruz sumó este miércoles un nuevo capítulo. La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados resolvió avanzar en el juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, tras considerar que existen elementos suficientes para iniciar el proceso previsto por la Constitución Provincial y la Ley N°13.
Según confirmaron fuentes legislativas, durante la jornada se reunió primero la Comisión Instructora, encargada de evaluar la denuncia, y posteriormente el pleno de la Sala Acusadora, tal como lo establece el procedimiento constitucional. La decisión final fue la elevación de la acusación formal a la Sala Juzgadora, lo que implica la suspensión inmediata del magistrado mientras dure el proceso.
📜 Lo que dice la Constitución Provincial
El artículo 137 de la Constitución de Santa Cruz, en su Sección Octava – Juicio Político, establece que el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Poder Judicial pueden ser sometidos a juicio político por causales como incapacidad física o mental, delitos en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes de su cargo o delitos comunes.
El procedimiento se desarrolla en dos etapas:
- Sala Acusadora, encargada de evaluar la denuncia y, con el voto afirmativo de dos tercios de sus miembros presentes, decidir si corresponde elevar la acusación.
- Sala Juzgadora, que actúa como tribunal político y debe resolver en un plazo de 30 días si corresponde la destitución definitiva o la restitución en el cargo del funcionario acusado.
📘 La Ley 13 y los pasos del proceso
De acuerdo con la Ley Provincial N°13, reglamentaria del Juicio Político, una vez que la Sala Acusadora aprueba la acusación formal, el expediente pasa a la Sala Juzgadora, la cual debe garantizar el derecho a defensa del acusado, notificarle formalmente la decisión y convocarlo a las audiencias pertinentes.
La normativa también indica que el funcionario sometido a juicio queda suspendido en sus funciones mientras dure el proceso, sin perjuicio de sus derechos laborales y remunerativos hasta que haya resolución definitiva.
⏳ Próximos pasos
La decisión será notificada en las próximas horas a Fernando Basanta, quien podrá ejercer su derecho a defensa durante el proceso que se desarrollará ante la Sala Juzgadora. Este cuerpo tiene un plazo de 30 días para emitir su veredicto y decidir si corresponde la destitución o la restitución del magistrado en su cargo.
Con esta resolución, la Cámara de Diputados de Santa Cruz abre formalmente un proceso inédito en la historia reciente del Poder Judicial provincial, en medio de una profunda crisis institucional en el Tribunal Superior de Justicia, que enfrenta disputas internas por la presidencia y la validez de la ampliación de sus miembros.
