El IDUV aportó prueba y pidió ser tenido como querellante en las denuncias contra Pablo y María Grasso
Apunta a la gestión de cuatro presidentes del Instituto anteriores. Entre ellos los dos hermanos Grasso: Pablo y María.
El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) presentó una querella penal e hizo entrega de documentación clave ante el Juzgado de Instrucción Provincial Nº 3 de Río Gallegos, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante las gestiones comprendidas entre 2015 y 2023.
La presentación fue realizada por el actual presidente del organismo, Cristian Mansilla, acompañado por el abogado Sergio Macagno, quienes aportaron pruebas que podrían resultar determinantes para el avance de la causa.
El IDUV busca esclarecer posibles delitos en la obra pública
Desde el organismo provincial explicaron que la denuncia apunta a esclarecer presuntos delitos en la administración de fondos públicos, vinculados a contrataciones y licitaciones durante los últimos ocho años.
La causa penal incluiría a exautoridades del IDUV que ocuparon la presidencia en ese período: Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso, junto a otros funcionarios que integraron los distintos directorios.
Según los documentos presentados, se habrían detectado irregularidades administrativas y financieras, como errores en el Registro de Proveedores, omisiones en las notificaciones al Registro Nacional de Constructores, y beneficios indebidos a determinadas empresas durante procesos licitatorios.

Denuncian posibles delitos contra la administración pública
La presentación judicial sostiene que las maniobras denunciadas podrían configurar delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
“Queremos que la Justicia determine las responsabilidades y que se esclarezcan los hechos. Es fundamental que el Estado recupere la transparencia y los recursos que le pertenecen a todos los santacruceños”, señalaron fuentes del IDUV.
Documentación presentada y nuevas pruebas en preparación
El IDUV informó que toda la documentación fue remitida a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED), lo que garantiza la trazabilidad y autenticidad de los materiales aportados.
Además, un equipo técnico interno continúa reuniendo información adicional que podría sumarse a la causa.
El organismo dejó abierta la posibilidad de ampliar la denuncia en los próximos días, con nuevos documentos y testimonios.

El IDUV se constituye como querellante en la causa
Con esta presentación, el Instituto solicitó formalmente ser reconocido como parte querellante, lo que le permitirá participar activamente en todas las etapas del proceso judicial, ofrecer pruebas y requerir medidas a la Justicia.
El objetivo principal es que se aclare la verdad sobre los hechos ocurridos durante las gestiones investigadas y se resarza el daño económico al Estado Provincial.
Otras denuncias vinculadas a la obra pública 2015–2023
El IDUV confirmó que esta acción se suma a otras denuncias penales en curso, tanto en la Justicia provincial como en la Justicia federal, todas relacionadas con presuntas irregularidades en la ejecución de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los años 2015 a 2023.
Fuentes del organismo anticiparon que nuevas presentaciones judiciales serán realizadas en las próximas semanas, mientras se continúa con la revisión interna de expedientes y contrataciones históricas.
Compromiso con la transparencia y el control institucional
Desde la actual conducción del IDUV remarcaron que esta medida forma parte de una política de transparencia y control institucional, que busca garantizar el correcto uso de los fondos públicos y el cumplimiento de los procesos administrativos establecidos por ley.
“Estamos trabajando para ordenar, auditar y corregir todo lo que sea necesario. Nuestro compromiso es con la transparencia y con la recuperación de la confianza ciudadana en el manejo de la obra pública”, afirmó el presidente Cristian Mansilla.
