Los senadores Carambia y Gadano se sumaron al peronismo para no dar quorum, pero el oficialismo lo logró igual
El Senado de la Nación inició este miércoles el debate del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en una sesión que se prevé extensa y podría superar las 12 horas.
Con 38 senadores presentes, el oficialismo logró el quórum necesario pese a la ausencia del bloque peronista y de los representantes de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia.
La iniciativa constituye la primera gran batalla legislativa del año para la administración de Javier Milei y llega al recinto luego de que el Ejecutivo aceptara más de 20 modificaciones al texto original, en el marco de negociaciones con gobernadores, bloques dialoguistas y sectores sindicales.
Gobernadores y gremios, protagonistas de las concesiones
Entre los principales acuerdos alcanzados, el Gobierno garantizó a las provincias que no habrá recortes en el impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable clave para las finanzas provinciales. Este compromiso resultó determinante para que varios gobernadores habilitaran la presencia de sus senadores y aseguraran el quórum.
Los gremios, en tanto, lograron preservar los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque mantienen su rechazo a otros puntos del proyecto. En ese contexto, se anunciaron movilizaciones y protestas para este sábado frente al Congreso y en distintos sectores del país.
Cruces reglamentarios y defensa oficialista
La sesión comenzó con un cruce reglamentario luego de que el senador José Mayans objetara la dinámica de la exposición del miembro informante del oficialismo. Superado el planteo, el bloque oficialista defendió el proyecto como una “modernización laboral”, orientada a reducir la judicialización y a adecuar la normativa vigente a la realidad actual del mercado de trabajo.
Desde el oficialismo se remarcó que la reforma mantiene principios centrales del derecho laboral, como la protección al trabajador, el in dubio pro operario y el orden público laboral, y que los cambios incorporados surgieron de consultas con más de 1.500 organizaciones sindicales y empresariales.
Duro rechazo del peronismo
El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó con dureza la iniciativa y sostuvo que “es una ley que se dice laboral, pero es contra los trabajadores”. Afirmó que el proyecto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales, al afectar salarios, jornadas laborales, horas extra e indemnizaciones.
Mayans también relativizó el argumento oficial sobre la alta litigiosidad laboral y acusó al Poder Ejecutivo de presionar a los gobernadores para obtener respaldo político. Advirtió, además, que la reforma tendrá un impacto negativo en las provincias.
Apoyos clave y presencia del Gobierno
En respaldo al proyecto, referentes del PRO y de La Libertad Avanza expresaron su apoyo público. Laura Alonso calificó la reforma como “el cambio posible” frente a un “modelo viejo, corporativo y agotado”, mientras que Patricia Bullrich aseguró que se trata de “la reforma laboral más importante de los últimos 50 años”.
El presidente Javier Milei ordenó que la mesa política del Gobierno —integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Martín Menem— se instale en el Senado para monitorear el debate, cerrar negociaciones de último momento y evitar sorpresas que pongan en riesgo la media sanción.
La UCR también adelantó su acompañamiento, aunque marcó límites al proyecto, con especial énfasis en la protección de las pymes y en la necesidad de evitar desfinanciar el sistema previsional.
Fuente: Infobae
