El Congreso define el futuro del régimen de promoción para las energías renovables tras la caída de la Ley 27.191
Tras la caducidad de la Ley 27.191 y el fallido intento de prórroga en el Presupuesto 2026, la industria de las energías renovables busca recuperar un marco de estabilidad fiscal y jurídica que se extienda hasta 2045, clave para sostener inversiones de largo plazo.
El sector apuesta a que el Poder Ejecutivo incorpore el tema a las sesiones extraordinarias del Congreso antes del 27 de febrero o, en su defecto, a reactivar el debate con la nueva conformación de la Comisión de Energía a partir de marzo.
Una ventana legislativa que se acorta
La expectativa inmediata del sector es que el Ejecutivo sume al temario de extraordinarias el proyecto que extiende por 20 años los principales beneficios del régimen de fomento que rigió durante la última década. De no prosperar esa vía rápida, la discusión deberá retomarse en el período ordinario que comienza el 1 de marzo.
La urgencia se explica por la falta de una transición normativa tras el vencimiento, el 31 de diciembre, de la ley que permitió inversiones superiores a los US$7.000 millones y la incorporación de 6,5 GW de nueva capacidad de generación. El intento de incluir una prórroga acotada en el Presupuesto fue descartado en el marco de las negociaciones políticas del oficialismo.
Proyectos sin paraguas de promoción
Desde la industria advierten que los nuevos desarrollos que no alcanzan el umbral de US$200 millones para calificar en el RIGI quedaron formalmente sin un régimen específico que garantice estabilidad frente a eventuales cambios tributarios. Para los desarrolladores, se trata de un punto crítico, dado que los proyectos renovables implican décadas de operación comercial y requieren previsibilidad regulatoria.
El régimen vigente hasta fines de 2025 había logrado sostenerse a lo largo de cuatro gestiones de gobierno, una continuidad que el sector considera una señal clave de institucionalidad para los inversores.
El proyecto en análisis y el rol del Congreso
La Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) sigue de cerca el tratamiento del proyecto presentado en agosto de 2025 por el entonces diputado Martín Maquieyra, con aval técnico de la Secretaría de Energía. La iniciativa propone extender los beneficios hasta 2045, adaptando el esquema a la modernización del mercado eléctrico y asegurando reglas de juego inalteradas por 20 años.
Aunque el texto mantiene estado parlamentario, el recambio legislativo de diciembre hizo caer el dictamen de comisión ya alcanzado, lo que obliga a reiniciar el debate en la Comisión de Energía si no se habilita una vía rápida en extraordinarias. Para el sector, este paso es determinante para sostener la confianza de los organismos de financiamiento internacionales.
Estabilidad fiscal como eje central
Uno de los puntos considerados medulares es la protección del artículo 17 de la ley original, que establece que el uso de fuentes renovables no puede ser alcanzado por tributos específicos, cánones o regalías. Las empresas sostienen que este blindaje no implica un costo fiscal, ya que se trata de gravámenes inexistentes, sino de un resguardo frente a la inseguridad jurídica.
Desde la CEA aseguran estar “preocupados y ocupados” y remarcan que la mayor inquietud no es la falta de incentivos directos, sino el riesgo de que surjan impuestos provinciales o municipales que alteren la ecuación económica de los parques.
Cambios en el mercado y fin de la intermediación
El proyecto, impulsado por una veintena de legisladores, entre ellos Lorena Villaverde y Cristian Ritondo, introduce modificaciones relevantes en la operatoria del mercado. Uno de los ejes es la eliminación de la intermediación de Cammesa en la compra de energía para grandes usuarios, habilitando contratos directos entre privados y un esquema de precios desregulado.
La iniciativa apunta a un mercado más abierto, en un contexto en el que los programas de compras públicas, como Renovar, perdieron peso y el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater) comienza a mostrar señales de saturación.
Integración de la red y economías regionales
Además del blindaje jurídico, el nuevo texto incorpora incentivos a la medición inteligente y a la gestión de la demanda, en un sistema que ya alcanza cerca del 19% de participación renovable sobre el consumo total. El desafío, coinciden las fuentes, es integrar esa generación a una red de transporte que opera al límite y necesita un marco legal estable para planificar ampliaciones.
La viabilidad de los proyectos medianos, que dinamizan las economías regionales y el empleo local, depende de esta prórroga. “Un banco que financia un parque eólico analiza con lupa la vigencia de estas normas para definir tasas; a mayor incertidumbre, mayor costo del capital”, explicaron desde el sector.
Definición política en cuenta regresiva
Fuentes legislativas reconocen que el Gobierno tiene intención de avanzar, aunque la agenda está dominada por temas de alto impacto político como la reforma laboral, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la Ley de Glaciares. Aun así, no se descarta un decreto que sume el proyecto de renovables a extraordinarias, en una carrera contra el calendario que se agota el 27 de febrero.
El desenlace de las próximas semanas será determinante para que la industria de las energías renovables logre enlazar el éxito del esquema anterior con una nueva etapa de expansión, respaldada por un paraguas de seguridad jurídica y fiscal hasta 2045.
Fuente: EconoJournal
