Nación habilita a Santa Cruz a concesionar rutas con peaje para financiar obras viales
La medida permite a la provincia licitar tramos de rutas nacionales para su reparación y mantenimiento por hasta 30 años.
Nuevo esquema de gestión vial
El Gobierno nacional formalizó un nuevo modelo para la administración de la infraestructura vial mediante el Decreto 253/2026, que habilita a Santa Cruz a concesionar rutas nacionales dentro de su territorio.
La iniciativa, firmada por Javier Milei, permite otorgar concesiones de obra pública bajo el sistema de peaje para financiar la reparación, mantenimiento y ampliación de corredores estratégicos.
Provincias incluidas en la medida
Santa Cruz forma parte de un grupo de nueve provincias alcanzadas por la normativa, junto a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y San Juan.
El objetivo central es avanzar en un esquema de descentralización que otorgue mayor protagonismo a las jurisdicciones provinciales en la gestión de obras viales.
Cómo funcionarán las concesiones
La provincia podrá licitar contratos a empresas privadas, mixtas o entes públicos, que se encargarán de ejecutar obras y mantener los tramos asignados a cambio del cobro de peajes u otros mecanismos de financiamiento.
Sin embargo, la titularidad de las rutas continuará en manos del Estado nacional, que mantendrá la supervisión técnica y el control de los contratos.
Los convenios deberán firmarse con la Dirección Nacional de Vialidad y contar con la aprobación de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Condiciones y plazos
El esquema establece concesiones por un plazo máximo de 30 años y exige que los fondos recaudados por peajes se destinen exclusivamente al mantenimiento y mejora de los tramos concesionados.
Además, las provincias deberán convocar a licitación dentro de un año desde la firma de los convenios; de lo contrario, la delegación quedará sin efecto.
Impacto y debate
La medida abre la posibilidad de implementar peajes en rutas nacionales dentro de Santa Cruz, en un contexto marcado por el deterioro de la red vial y la necesidad de inversiones urgentes.
Mientras el Gobierno sostiene que el modelo permitirá optimizar recursos y mejorar la conectividad, el esquema podría generar debate por el costo del transporte y su impacto en usuarios y economías regionales.
Marco legal
El decreto se apoya en el régimen de concesión de obra pública establecido por la Ley 17.520 y en los lineamientos de reorganización estatal definidos en la Ley 27.742.
De esta manera, Nación busca avanzar hacia un modelo de gestión más descentralizado, con participación del sector privado y foco en la eficiencia operativa de la infraestructura vial.
Fuente: Winfo
