La Justicia confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar bienes de Cristina Kirchner y sus hijos
La medida habilita la venta y administración de activos para cubrir un embargo actualizado en torno a $684 mil millones por el perjuicio al Estado.
Decomiso firme y avance hacia la ejecución
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el decomiso de bienes en la causa Vialidad y ordenó avanzar con la ejecución del patrimonio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez.
La resolución implica que el Estado podrá iniciar el proceso de venta, administración y eventual subasta de los activos hasta alcanzar el monto fijado en la sentencia como daño económico, actualmente estimado en unos $684 mil millones.
Qué bienes están alcanzados
El decomiso incluye una amplia variedad de activos:
- 10 departamenteos y dos casas en Río Gallegos
- El hotel Los Sauces
- Terrenos en El Calafate
- Condominio que hoy figura al nombre de Máximo Kirchner
- Cuentas bancarias y cajas de seguridad
- Participaciones societarias
También se encuentran bajo la medida bienes vinculados al entramado empresarial de Báez, titular de Austral Construcciones, sobre quien recae una disposición similar.
De la condena a la recuperación de activos
El fallo se inscribe en la causa que investigó el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema en 2025.
En noviembre de ese mismo año se había ordenado el decomiso de bienes, pero su ejecución quedó demorada por apelaciones de las defensas. Con esta nueva resolución, se destraba esa etapa y se habilita avanzar sobre el patrimonio.
Rol de la Corte y destino de los bienes
La administración de los bienes decomisados quedará bajo la órbita de la Corte Suprema, que deberá definir su destino final. Entre las opciones se contempla la subasta pública para convertir los activos en recursos que permitan resarcir al Estado.
Además, la Justicia analizó transferencias patrimoniales realizadas en los últimos años, incluyendo traspasos a familiares, en el marco de lo que consideró parte de la estructura económica investigada.
Un paso clave en la etapa final del caso
La ejecución de los bienes representa un avance decisivo en la fase de recuperación de activos, luego de que los condenados no abonaran el monto fijado judicialmente.
El objetivo es cerrar el circuito patrimonial de la causa: identificar los bienes obtenidos mediante la maniobra, decomisarlos y transformarlos en recursos públicos, en una de las investigaciones por corrupción más relevantes de la historia reciente argentina.
