Santa Cruz impulsa un sistema propio de cuotas de merluza con foco en el procesamiento en tierra
La provincia diseñó un régimen de administración pesquera con vigencia de diez años para distribuir su reserva de merluza común. El esquema prioriza el empleo y el procesamiento en plantas locales, aunque genera controversia por habilitar temporalmente a buques sin permiso nacional.
Nuevo esquema
El Gobierno de Santa Cruz avanzó en la creación de un sistema provincial de cuotificación de merluza común (Merluccius hubbsi) basado en las facultades otorgadas por el artículo 124 de la Constitución Nacional y la Ley Federal de Pesca N° 24.922.
La iniciativa, que todavía no fue oficializada mediante resolución, establece un régimen de orden público orientado a “garantizar la explotación sustentable del recurso, incentivar el procesamiento en tierra y otorgar previsibilidad al sector”, según surge del documento al que accedió Revista Puerto.
El esquema prevé que la provincia reciba el 4,80% de la Captura Máxima Permisible (CMP) del efectivo Sur definida anualmente por el Consejo Federal Pesquero (CFP). De ese total, el 75% será distribuido bajo el nuevo régimen de cuotas y el 25% permanecerá dentro de la Reserva Administrativa Provincial.
Las cuotas tendrán carácter “precario y revocable”, sin generar derechos adquiridos para las empresas adjudicatarias.
Exigencias
Como condición para acceder a las cuotas por diez años, las firmas beneficiarias deberán garantizar abastecimiento semanal de pescado a la provincia.
En ese marco, ya comenzaron a circular pedidos para la entrega conjunta de 300 cajones semanales de merluza entera —de 35 kilos cada uno— destinados a la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU. El retiro se realizará directamente desde las plantas procesadoras.
El canon fijado será de 30 dólares por tonelada asignada, pagadero en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación.
Régimen transitorio
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la creación de un régimen especial para embarcaciones que actualmente operan sin permiso nacional vigente.
La normativa establece que esos buques podrán regularizar su situación en un plazo de hasta tres años, con posibilidad de una prórroga adicional de un año. Durante ese período podrán continuar operando exclusivamente en aguas provinciales, aunque con una reducción progresiva de cuota.
La disminución prevista será del 15% en el segundo año, 30% en el tercero y 60% en caso de prórroga. El incumplimiento implicará la caducidad inmediata del beneficio.
El documento además aclara que el sistema será “cerrado y taxativo”, por lo que no permitirá el ingreso de nuevos barcos sin permiso nacional una vez que entre en vigencia el régimen.
Sin embargo, dentro del sector pesquero advierten que la medida podría generar un antecedente delicado si el Consejo Federal Pesquero no convalida formalmente el esquema de adecuación impulsado por la provincia.
Prioridad al empleo
La asignación de cuotas individuales se realizará mediante un sistema de ponderación que prioriza el empleo registrado.
Los criterios definidos son: empleo formal 35%; inversiones realizadas y proyectadas 25%; antigüedad y continuidad operativa 15%; cumplimiento normativo y operativo 10%; compromiso de abastecimiento con cuota propia 10%; e historial de descargas en puertos provinciales 5%.
Además, el régimen otorga mayor valoración al empleo bajo relación de dependencia: un trabajador registrado equivaldrá a dos monotributistas integrados en cooperativas.
Rechazo empresario
La propuesta provincial generó fuertes cuestionamientos en parte del sector pesquero, especialmente entre los barcos fresqueros que procesan en tierra.
Empresarios sostienen que la actividad atraviesa una situación crítica por el aumento de costos y rechazan tanto el pago del canon como la obligación de entregar cajones de pescado y regularizar permisos.
De hecho, varias firmas no participaron de la reunión informativa convocada la semana pasada por las autoridades provinciales como señal de desacuerdo con la iniciativa.
En paralelo, persisten dudas sobre la viabilidad total del sistema hasta que el CFP defina si avalará o no el régimen transitorio previsto para los buques sin permiso nacional vigente.
