El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Sociedades para reducir controles y avanzar en la digitalización empresarial
La iniciativa enviada al Congreso propone mayor libertad para la organización de las empresas, menos intervención estatal, digitalización total de los trámites societarios e incorpora figuras innovadoras vinculadas a inteligencia artificial y tecnología blockchain.
Nuevo marco para las empresas
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma integral de la Ley de Sociedades, una iniciativa que busca modernizar el régimen societario argentino, reducir regulaciones y otorgar mayor autonomía a las empresas para definir su funcionamiento interno.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y forma parte del paquete de reformas impulsadas por la administración nacional, que también incluye proyectos como el denominado “Súper RIGI”, la regulación de la actividad de lobby, medidas contra la ludopatía y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.
Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la propuesta apunta a reemplazar un sistema basado en la intervención estatal por un esquema que priorice la libertad contractual entre los socios.
“El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, sostuvo el funcionario.
Menos intervención estatal
Uno de los principales cambios previstos es que las disposiciones legales pasen a tener carácter supletorio, otorgando mayor peso a lo que establezcan los estatutos de cada sociedad.
De aprobarse la iniciativa, las restricciones impuestas por organismos de control serían excepcionales y de interpretación restrictiva. Además, los registros públicos no podrán emitir resoluciones que limiten facultades expresamente permitidas por la ley.
Desde el Gobierno consideran que esta modificación permitirá agilizar la constitución y el funcionamiento de las empresas, reduciendo costos administrativos y burocráticos.
Cambios en el objeto social
La reforma también elimina requisitos que actualmente limitan la actividad empresarial.
El proyecto establece que las sociedades podrán definir objetos sociales amplios y múltiples, sin obligación de mantener relación entre las distintas actividades desarrolladas.
Incluso, si el estatuto no especifica un objeto social determinado, se presumirá que la sociedad está habilitada para realizar cualquier actividad lícita.
Para el Ejecutivo, esta modificación busca adaptar el régimen societario a modelos de negocios más dinámicos y flexibles.
Arbitraje y derecho extranjero
Otro aspecto novedoso es la posibilidad de que las empresas elijan someter sus conflictos internos a legislación extranjera o a normas del derecho mercantil internacional.
Asimismo, podrán incorporar cláusulas arbitrales en sus estatutos para resolver controversias fuera del sistema judicial ordinario.
Según Sturzenegger, este tipo de mecanismos son utilizados en centros financieros internacionales y permiten otorgar mayor previsibilidad jurídica a los inversores.
Digitalización total de los trámites
La iniciativa plantea una transformación completa de los procedimientos societarios mediante herramientas digitales.
Entre las principales medidas se incluyen:
- Domicilio electrónico obligatorio.
- Libros societarios digitales.
- Registros electrónicos.
- Asambleas virtuales.
- Constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.
- Legajos digitales públicos para cada empresa.
De esta manera, gran parte de los trámites actualmente realizados en formato papel pasarían a desarrollarse íntegramente en entornos digitales.
Inteligencia artificial y blockchain
El proyecto incorpora además nuevas figuras jurídicas vinculadas a las tecnologías emergentes.
Entre ellas aparece la denominada “Sociedad Automatizada”, que podrá operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir personal humano para su funcionamiento cotidiano.
También se contempla el reconocimiento legal de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras que utilizan tecnología blockchain para gestionar decisiones, participaciones y registros de manera automatizada.
Según el texto impulsado por el Ejecutivo, ambas figuras contarían con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada.
Objetivo: atraer inversiones
Desde el Ministerio de Desregulación sostienen que la reforma busca reducir costos de transacción, simplificar procesos y acercar la legislación argentina a estándares utilizados en otros mercados internacionales.
Para el Gobierno, la iniciativa constituye una herramienta destinada a mejorar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para la radicación de inversiones privadas.
“Menos controles arbitrarios, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI”, señalaron desde el Ejecutivo.
El proyecto comenzará ahora su recorrido parlamentario, donde deberá ser debatido por ambas cámaras del Congreso antes de una eventual aprobación definitiva.
