Nuevos poteros para el calamar: Pesca busca fortalecer la soberanía, el empleo y las exportaciones
La apertura de un nuevo registro para buques poteros nacionales apunta a aumentar la captura de calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, generar empleo, sumar divisas y reforzar el control sobre uno de los recursos pesqueros más estratégicos del país.
Pesca, calamar Illex argentinus, soberanía pesquera, empleo, exportaciones, flota potera, INIDEP y Consejo Federal Pesquero son algunos de los ejes que explican la decisión del Gobierno nacional de avanzar con un nuevo registro destinado a incorporar embarcaciones poteras de bandera argentina.
La medida busca ampliar la presencia de la flota nacional sobre el recurso antes de que migre hacia aguas internacionales, donde actualmente operan cientos de embarcaciones extranjeras en el límite de la milla 201.
Más presencia argentina sobre el recurso
La iniciativa surgió tras un operativo de monitoreo realizado a comienzos de año por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca junto al Comando Conjunto Marítimo y la Prefectura Naval Argentina, que permitió observar una importante concentración de buques extranjeros operando sobre el calamar argentino en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva.
A partir de ese diagnóstico, la administración pesquera impulsó dos medidas: reforzar los controles sobre la actividad marítima y habilitar un nuevo registro para sumar buques poteros nacionales que permitan incrementar la captura dentro de jurisdicción argentina.
El objetivo central es aprovechar una mayor porción del recurso antes de que abandone aguas nacionales, fortaleciendo la capacidad de control y la participación argentina en una pesquería de alto valor económico.
El límite seguirá siendo científico
Desde el sector pesquero remarcan que la incorporación de nuevas embarcaciones no implica aumentar indiscriminadamente la extracción.
Los niveles de captura continuarán sujetos a los informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que mantiene la responsabilidad de evaluar el estado biológico del recurso, establecer recomendaciones y definir eventuales cierres preventivos.
La incorporación de más buques modifica la distribución de la actividad pesquera, pero no altera los criterios de conservación ni los límites biológicos establecidos para garantizar la sostenibilidad del calamar Illex argentinus.
Impacto directo en el empleo
Uno de los argumentos centrales de la medida es la generación de trabajo.
Según las estimaciones analizadas por el sector, cada buque potero requiere entre 30 y 40 tripulantes embarcados. En caso de incorporarse entre 15 y 20 nuevas unidades, podrían generarse entre 540 y 720 puestos de trabajo directos a bordo.
A ello se suma el empleo indirecto vinculado a las operaciones portuarias, estiba, logística, transporte, mantenimiento, aprovisionamiento, servicios navales y procesamiento industrial.
La actividad también representa una importante inyección económica para las ciudades portuarias, ya que cada embarcación demanda combustibles, víveres, repuestos, servicios técnicos y otros insumos durante toda la temporada.
Reprocesamiento obligatorio y valor agregado
El esquema contempla además una exigencia específica: al menos el 20% de las capturas deberá ser reprocesado en plantas ubicadas en territorio nacional.
La medida apunta a fortalecer la industrialización local, sostener puestos de trabajo en tierra y generar mayor valor agregado dentro de la cadena pesquera.
El cumplimiento de esta obligación estará sujeto a mecanismos de trazabilidad y control por parte de las autoridades competentes.
La milla 201 y la disputa por el calamar
Uno de los principales fundamentos de la iniciativa es la fuerte presión que ejercen las flotas extranjeras sobre el recurso una vez que abandona la jurisdicción argentina.
De acuerdo con informes técnicos citados por el sector, durante 2026 se detectaron más de 330 buques poteros extranjeros y alrededor de 150 arrastreros operando sobre los mismos stocks de calamar en aguas internacionales, además de embarcaciones que pescan bajo licencias otorgadas en las Islas Malvinas.
Frente a ese escenario, la flota argentina cuenta actualmente con unas 84 embarcaciones poteras activas.
La estrategia oficial apunta a incrementar la capacidad nacional de captura dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina antes de que el recurso migre hacia áreas donde el país tiene menores herramientas de control.
Más exportaciones y divisas
Además del impacto laboral, el sector estima que cada nueva embarcación podría generar entre cinco y seis millones de dólares por temporada en exportaciones.
A ello se suman ingresos fiscales derivados de derechos de importación, derechos de exportación, aportes laborales e impuestos asociados a la actividad.
La política se enmarca en los objetivos establecidos por la Ley Federal de Pesca, que promueve el aprovechamiento racional de los recursos marinos, la generación de empleo argentino, la incorporación de valor agregado y la protección de los intereses nacionales vinculados con la actividad pesquera.
Una apuesta por la soberanía pesquera
La apertura del nuevo registro potero busca consolidar una ecuación que combine conservación biológica, empleo argentino, actividad industrial, exportaciones y mayor presencia nacional en el Atlántico Sur.
Con supervisión científica del INIDEP y bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero, la iniciativa pretende fortalecer la participación argentina en una de las pesquerías más relevantes del país, incrementando la captura bajo control nacional y reduciendo la transferencia de valor hacia flotas extranjeras que operan fuera de la jurisdicción argentina.
