Pedro Muñoz pidió consenso por la Ley de Financiamiento y advirtió: “Es una definición política”
El diputado provincial de la Coalición Cívica ARI, consideró que el debate ya excede lo técnico y se centra en la decisión de otorgar o no al Ejecutivo la herramienta financiera. Reclamó acuerdos para evitar demoras y garantizar obras para las localidades de Santa Cruz.
La discusión por la Ley de Financiamiento en la Legislatura de Santa Cruz sumó una nueva voz a favor de profundizar el diálogo político. En medio del cuarto intermedio dispuesto durante el tratamiento del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial, el diputado Pedro Muñoz sostuvo que el escenario actual requiere consensos y advirtió que el verdadero nudo del conflicto pasa por una decisión política.
El legislador de la Coalición Cívica ARI remarcó que el objetivo debe ser encontrar una salida que permita concretar las obras previstas para distintas localidades y evitar que el debate se transforme en una dilación sin resultados.
Ley de Financiamiento: Muñoz pidió una “vuelta de tuerca” para lograr acuerdos
Durante declaraciones brindadas a La Opinión Austral, Muñoz reconoció que aún existe margen para continuar negociando y construir una mayoría que permita avanzar con la iniciativa.
“Todos decimos que queremos esas obras en las localidades, pero si acá levantás la mano en contrario, tampoco va a ocurrir”, afirmó el diputado al referirse a la necesidad de que los distintos sectores políticos encuentren puntos de coincidencia.
En ese sentido, señaló que comprende la postura de aquellos legisladores vinculados a intendencias que buscan garantías respecto del destino de los fondos y las obras contempladas en el proyecto.
“Si es necesario dar una vuelta de tuerca para lograr consenso, yo estoy en esa línea, no tengo ningún problema”, expresó.
El foco de la disputa: obras públicas y representación territorial
Muñoz diferenció la mirada de los diputados distritales respecto de quienes representan intereses territoriales más específicos. Según explicó, los legisladores vinculados directamente a municipios analizan el impacto concreto que la herramienta financiera tendría en sus comunidades, mientras que otros sectores sostienen una visión más amplia sobre las necesidades provinciales.
Para el dirigente, el riesgo es que la discusión termine convirtiéndose en una mera confrontación de posiciones sin resolver el problema de fondo.
“Lo que puede terminar pasando es que cada uno dé su argumento, pero no se resuelva la cuestión de fondo”, advirtió, al identificar al esquema de obras como el principal punto de desacuerdo dentro del recinto.
“Se trata de una definición política”
Uno de los conceptos más contundentes del diputado fue su interpretación acerca de la naturaleza del conflicto legislativo.
A su entender, las observaciones técnicas y normativas sobre el proyecto ya fueron abordadas, por lo que la decisión pendiente responde exclusivamente a una cuestión política.
“La parte normativa evidentemente está encuadrada. Acá está pasando una definición política sobre dar o no esa herramienta”, sostuvo. Además, cuestionó la posibilidad de extender indefinidamente las negociaciones sin avances concretos.
“Si es para dilatar el tiempo y que dentro de diez días estemos en la misma situación, la verdad es que perdemos tiempo todos”, planteó, al insistir en la necesidad de adoptar una resolución definitiva.
El antecedente de otras leyes aprobadas por amplia mayoría
Finalmente, Muñoz apeló a la experiencia reciente de la Legislatura para reclamar una salida consensuada. Recordó que, salvo la Ley de Emergencia Económica, la mayoría de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo lograron respaldo transversal entre las distintas fuerzas políticas.
“Se trata de no tensar más la situación para ver si se logra lo que hemos conseguido con las otras leyes. Ojalá que esto también pueda ser así”, concluyó.
La definición sobre la Ley de Financiamiento continúa abierta y las próximas negociaciones serán determinantes para establecer si el oficialismo consigue los apoyos necesarios para aprobar una herramienta que considera clave para ejecutar obras y dar respuesta a las demandas de los municipios santacruceños.
