Importación de bienes usados: el Gobierno flexibiliza el régimen y reduce costos para la industria
A través del Decreto 483/2026, el Ejecutivo nacional introdujo modificaciones al régimen de importación de líneas de producción usadas. La medida reduce aranceles, elimina tasas y agiliza trámites para facilitar inversiones productivas y la incorporación de tecnología industrial.
Menos costos para incorporar maquinaria y tecnología
El Gobierno nacional actualizó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas a equipamiento y tecnologías industriales provenientes del exterior.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 483/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modifica aspectos centrales del esquema vigente desde 2016 para adecuarlo a los actuales lineamientos de política comercial e industrial.
Entre los principales beneficios, los bienes alcanzados por el régimen pasarán a abonar únicamente el 25% del arancel de importación y quedarán exentos de la tasa de estadística del 2% y de la tasa de comprobación de destino del 3%.
Amplían el alcance de los proyectos beneficiados
La normativa redefine el concepto de línea de producción usada y extiende los beneficios a empresas con proyectos de mejora de competitividad aprobados que incorporen maquinaria para instalar nuevas plantas, ampliar capacidades productivas o modernizar procesos existentes.
Además, se elimina la exigencia de que el componente principal de la línea sea necesariamente usado, ampliando las posibilidades de integración tecnológica.
También se incorporan nuevas categorías de equipamiento, como líneas destinadas a la generación de energía eléctrica y almacenes inteligentes, mientras que la antigüedad permitida para bienes reconstruidos o actualizados se amplía hasta los 30 años.
Menos requisitos y trámites más ágiles
Otro de los cambios relevantes es la reducción del requisito de compra de bienes nacionales, que pasa del 30% al 10% del valor del proyecto aprobado. Esa adquisición deberá concretarse dentro del plazo de un año desde la autorización.
En paralelo, las auditorías obligatorias serán reemplazadas por un sistema de rendición de cuentas a cargo de profesionales certificados, lo que permitirá reducir tiempos administrativos y agilizar la gestión de los expedientes.
La reforma también incorpora plazos más precisos tanto para las empresas como para la administración pública y establece mecanismos automáticos frente a la falta de respuesta oficial.
Si transcurren seis meses desde el vencimiento del plazo para presentar la rendición de cuentas sin observaciones por parte de la autoridad competente, el trámite se considerará concluido y las garantías constituidas podrán liberarse automáticamente.
Importación anticipada con la Constancia de Expediente en Trámite
Para acelerar la llegada de equipamiento productivo, el decreto crea la Constancia de Expediente en Trámite (CET).
Esta herramienta permitirá importar los bienes antes de la resolución definitiva del expediente, siempre que la empresa constituya las garantías aduaneras correspondientes.
Según el Ejecutivo, la medida busca compatibilizar la agilización del comercio con los mecanismos de control y fiscalización.
Endurecen sanciones por incumplimientos
Junto con las flexibilizaciones, la nueva normativa incorpora mayores penalidades para quienes incumplan las condiciones del régimen.
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá ejecutar la totalidad de las garantías cuando existan incumplimientos, falta de rendición de cuentas, ausencia de respuesta a requerimientos oficiales o utilización indebida de la CET.
Asimismo, se establecen sanciones económicas equivalentes al 20% de los tributos no ingresados, además de intereses y un cargo punitorio del 2% mensual.
Vigencia inmediata
Las nuevas disposiciones comenzarán a regir desde el 24 de junio de 2026 y también alcanzarán a los expedientes que aún tengan pendientes procesos de ejecución o liberación de garantías.
Con esta actualización, el Gobierno busca promover inversiones productivas, facilitar la incorporación de maquinaria y tecnología industrial usada y mejorar la competitividad de las empresas mediante una reducción de costos y una simplificación administrativa.
