RIGI: La Nación minimiza el compre local pese a las exigencias de las provincias que piden que sea mayoritario
Mientras el RIGI establece un piso del 20% de compras nacionales, las provincias mineras impulsan requisitos de entre el 50% y el 90% para proveedores y empleo local. La discusión ya se convirtió en uno de los principales ejes del desarrollo minero argentino.
Dos modelos en tensión
La expansión de la minería argentina promete inversiones superiores a los 50.000 millones de dólares en proyectos de cobre, litio y oro durante la próxima década. Sin embargo, detrás de ese potencial aparece una discusión cada vez más intensa: quiénes serán los beneficiarios directos de esa actividad.
Por un lado, el Gobierno nacional impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca atraer capitales mediante reglas más flexibles y previsibles. Por otro, las provincias mineras sostienen normativas propias destinadas a garantizar que una parte significativa de los empleos y las contrataciones quede en manos de trabajadores y empresas locales.
La diferencia entre ambos enfoques es considerable. Mientras el RIGI exige un mínimo del 20% de compras nacionales, algunas provincias reclaman porcentajes que cuadruplican esa cifra.
Santa Cruz lidera las exigencias
Uno de los casos más estrictos es el de Santa Cruz.
La denominada Ley 90/10, aprobada en 2024, establece que el 90% de la mano de obra empleada en industrias estratégicas debe estar integrada por residentes provinciales. Además, para ser considerado trabajador local se exige una residencia mínima de seis años.
En materia de proveedores, la normativa fija que al menos el 50% de las compras y contrataciones anuales deben realizarse con empresas locales.
Para supervisar el cumplimiento de estos requisitos, el gobierno provincial implementó el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE).
No obstante, el desafío santacruceño es particular: la provincia posee operaciones mineras maduras, pero actualmente carece de nuevos proyectos de gran escala en desarrollo, lo que limita el impacto potencial de estas exigencias sobre futuras inversiones.
El modelo del litio en el NOA
Las provincias que integran el denominado Triángulo del Litio también mantienen requisitos elevados para la contratación local.
En Salta, la Ley 8.164 establece un mínimo del 70% de contratación de proveedores provinciales y exige porcentajes de empleo local que varían entre el 40% y el 70%, dependiendo de la etapa del proyecto.
Jujuy implementó criterios similares mediante el Decreto-Acuerdo 290/24. Allí los proveedores deben estar registrados y tener domicilio real en la provincia, mientras que los porcentajes de empleo local también oscilan entre el 40% y el 70%.
Catamarca, una de las pioneras en materia de desarrollo local minero, exige un piso del 70% tanto para compras a proveedores provinciales como para empleo de residentes con una antigüedad mínima de dos años.
San Juan busca un modelo intermedio
La provincia de San Juan avanzó recientemente con un nuevo proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero impulsado por el gobernador Marcelo Orrego.
La iniciativa propone que el 80% de los trabajadores sean residentes sanjuaninos y que el 60% de las compras se realicen con proveedores locales.
Sin embargo, a diferencia de otros modelos, la propuesta no establece cupos obligatorios ni sanciones automáticas. El objetivo es fijar metas, monitorear resultados y exigir planes periódicos de desarrollo local.
El debate tomó impulso luego de la adjudicación de la ampliación del campamento Batidero, vinculado al proyecto Vicuña, una obra valuada en aproximadamente 200 millones de dólares que generó cuestionamientos de cámaras empresarias locales por la participación predominante de empresas extranjeras.
Mendoza apuesta a la libre competencia
En el extremo opuesto se ubica Mendoza.
La provincia no posee actualmente una legislación de compre local ni cuotas obligatorias de empleo provincial para la actividad minera.
La postura del gobierno mendocino es que los cupos generan distorsiones y restricciones incompatibles con los principios de libre competencia.
Aunque Mendoza aún no cuenta con grandes proyectos metalíferos en producción, dispone de una importante red de empresas metalmecánicas y de servicios desarrollada históricamente alrededor de la industria petrolera, que podría integrarse a proyectos mineros regionales.
El RIGI y la búsqueda de inversiones
Frente a este escenario, el RIGI plantea una exigencia considerablemente menor.
La normativa nacional establece que cada proyecto debe presentar un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales con un mínimo del 20% de compras nacionales. Ese porcentaje no distingue provincias ni exige contratación específica de empresas radicadas en la jurisdicción donde se desarrolla el emprendimiento.
Las compañías mineras sostienen que esta flexibilidad resulta necesaria para garantizar competitividad, especialmente en proyectos de gran escala que requieren proveedores especializados y estándares internacionales de calidad.
Además, argumentan que en varias regiones todavía no existe una oferta suficiente de empresas o trabajadores capacitados para cubrir toda la demanda que generarán los nuevos desarrollos.
La industria reclama armonización
La creciente superposición de normas abrió un debate dentro de la propia cadena de valor minera.
Durante un encuentro organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), cámaras empresariales y representantes provinciales plantearon la necesidad de avanzar hacia una armonización regulatoria.
El objetivo no sería eliminar el desarrollo local, sino evitar que la existencia de reglas distintas en cada provincia genere mayores costos, incertidumbre jurídica o dificultades operativas para los proyectos.
Desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) también reclamaron herramientas que permitan fortalecer la competitividad de las empresas nacionales frente a la llegada de grandes inversiones internacionales.
Una discusión que recién comienza
La disputa entre el RIGI y las leyes provinciales refleja un debate más profundo sobre el modelo de desarrollo minero que busca Argentina.
Mientras las provincias intentan maximizar el impacto económico local de los proyectos mediante mayores exigencias de contratación y empleo, el Gobierno nacional procura ofrecer condiciones competitivas para atraer inversiones multimillonarias.
Con más de 50.000 millones de dólares proyectados para los próximos años, la definición de ese equilibrio será determinante para establecer cuánto valor agregado quedará en las regiones mineras y cuánto margen tendrán las empresas para organizar sus cadenas de suministro bajo criterios de eficiencia y competitividad internacional.
