Cuotificación del langostino: el debate que redefine el futuro de la principal pesquería exportadora argentina
La posibilidad de implementar un sistema de cuotas para el langostino argentino reabre la discusión sobre la sostenibilidad del recurso, la generación de empleo, las inversiones y el ingreso de divisas. El sector analiza si llegó el momento de avanzar hacia un esquema de administración más previsible y de largo plazo.
Un debate que trasciende la distribución de capturas
La eventual implementación de un régimen de cuotificación para el langostino argentino volvió a instalar una discusión estratégica para la actividad pesquera nacional. Más allá de la distribución de toneladas entre empresas y flotas, el debate apunta a definir cómo administrar el principal producto exportador del sector bajo criterios de sustentabilidad, previsibilidad económica y desarrollo productivo.
La discusión gira en torno a si una especie con semejante peso económico puede continuar regulándose mediante aperturas, cierres y prospecciones estacionales, o si corresponde avanzar hacia un sistema que otorgue mayor estabilidad a las inversiones y a toda la cadena de valor.
El respaldo legal de la Ley Federal de Pesca
El marco normativo ya existe. La Ley Federal de Pesca N.º 24.922 incorporó el régimen de cuotas como herramienta para la administración de los recursos vivos marinos.
La normativa establece que la asignación de cuotas debe contemplar antecedentes de captura, generación de empleo, producción, inversiones realizadas y cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias. De esta manera, el criterio no se limita únicamente a quién pescó más, sino también a quién invirtió, produjo y sostuvo puestos de trabajo.
Además, la ley otorga al Consejo Federal Pesquero (CFP) facultades para establecer mecanismos de transferencia y límites de concentración de las cuotas asignadas.
La experiencia de la merluza como antecedente
El principal antecedente argentino es la merluza común (Merluccius hubbsi), incorporada al sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).
La renovación de esas cuotas para el período 2025-2039 consolidó un esquema que brinda previsibilidad a empresas, trabajadores y provincias vinculadas a la actividad pesquera.
Durante 2025 los desembarques de merluza alcanzaron 314.745 toneladas, mientras que las exportaciones totalizaron 326 millones de dólares y más de 127.000 toneladas comercializadas en mercados internacionales.
Para los defensores de la cuotificación, estos resultados demuestran que es posible combinar conservación del recurso con estabilidad productiva.
El peso económico del langostino
La relevancia económica del langostino supera incluso a la de la merluza dentro de la estructura exportadora pesquera argentina.
Durante 2025 se exportaron 119.775 toneladas por un valor de 867 millones de dólares, convirtiéndose nuevamente en el principal producto de exportación del sector.
En materia de desembarques, el recurso registró 187.030 toneladas durante el mismo año. En 2026, hasta el 23 de junio, el volumen acumulado ya alcanzaba las 82.784 toneladas.
Estas cifras reflejan la importancia del recurso para la flota tangonera, las plantas procesadoras, los puertos patagónicos, el transporte, la logística y miles de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a la actividad.
Sustentabilidad, empleo e inversiones
Uno de los principales argumentos a favor de la cuotificación es la posibilidad de ordenar el desarrollo de la pesquería bajo parámetros verificables.
Desde el punto de vista biológico, permitiría vincular los derechos de captura a una Captura Máxima Permisible, respaldada por monitoreo científico permanente, protección de juveniles y cierres dinámicos cuando resulte necesario.
En el plano económico, ofrecería previsibilidad para inversiones en embarcaciones, plantas de procesamiento, tecnología, infraestructura frigorífica y logística.
A su vez, el sistema podría incorporar criterios relacionados con la generación de empleo embarcado y en tierra, el agregado de valor y el cumplimiento de estándares sanitarios y ambientales.
Seguridad operativa y ordenamiento de la flota
La discusión también incorpora un aspecto menos visible pero igualmente relevante: la seguridad marítima.
Cada temporada, más de un centenar de buques operan simultáneamente en áreas relativamente reducidas, lo que incrementa los riesgos de incidentes, abordajes y conflictos operativos.
Quienes impulsan la cuotificación sostienen que una administración más ordenada contribuiría a reducir esa presión sobre las zonas de pesca y mejoraría las condiciones de trabajo para las tripulaciones.
El desafío para el Consejo Federal Pesquero
La eventual implementación de cuotas exigirá un trabajo técnico complejo por parte del CFP.
Entre los aspectos a definir aparecen los períodos históricos que se tomarán como referencia, las ponderaciones de cada criterio de asignación, los mecanismos de transferencia, las reservas de administración y los límites para evitar concentraciones excesivas.
La experiencia de la merluza muestra que estos procesos requieren información sólida, trazabilidad administrativa y consensos entre los distintos actores del sector.
Un contexto internacional cada vez más exigente
La competencia global también forma parte de la ecuación.
Los compradores internacionales demandan cada vez más certificaciones, trazabilidad, continuidad de abastecimiento y garantías de sostenibilidad.
Al mismo tiempo, el langostino argentino enfrenta la competencia de camarones de cultivo provenientes de otros mercados, lo que obliga a mejorar la eficiencia y la previsibilidad de toda la cadena productiva.
En este escenario, la estabilidad regulatoria se convierte en una ventaja competitiva tan importante como la calidad del producto.
Una decisión estratégica para el futuro del sector
La discusión sobre la cuotificación del langostino ya se instaló en la agenda pesquera nacional.
Con un marco legal vigente, antecedentes exitosos en otras pesquerías y una actividad que genera el mayor ingreso de divisas del sector, el desafío será definir si la administración continuará basada en decisiones de temporada o si avanzará hacia un modelo de planificación de largo plazo.
La decisión tendrá impacto directo sobre la conservación del recurso, las inversiones, el empleo, la seguridad operativa y la competitividad internacional de una de las actividades productivas más importantes de la Argentina.
