Reforma de la Ley de Tierras: el Senado vuelve a postergar el debate por falta de consenso político
El oficialismo no logró reunir los votos necesarios para avanzar con la modificación que flexibiliza la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La negociación continuará tras el receso parlamentario.
La reforma de la Ley de Tierras Rurales sufrió un nuevo revés en el Senado. El oficialismo decidió postergar nuevamente el tratamiento del proyecto ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo con los bloques dialoguistas, lo que impidió reunir los votos necesarios para llevar la iniciativa al recinto.
La propuesta forma parte del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, las diferencias entre el oficialismo y la oposición moderada mantienen frenada una reforma considerada estratégica para la agenda económica del Ejecutivo.
Qué cambios propone la reforma de la Ley de Tierras
El punto más controvertido del proyecto es la eliminación del límite nacional que actualmente impide que personas físicas o jurídicas extranjeras posean más del 15 % de las tierras rurales del país.
La iniciativa propone transferir esa facultad a las provincias, que pasarían a definir sus propios criterios para autorizar o restringir la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. Además, elimina otras restricciones vigentes y modifica aspectos vinculados con expropiaciones y desalojos, con el objetivo de reforzar la protección de la propiedad privada, según el argumento del Gobierno.
Las diferencias que traban el acuerdo
Aunque el oficialismo introdujo sucesivas modificaciones al texto para intentar sumar apoyos, las negociaciones continúan estancadas.
Las principales diferencias giran en torno al control sobre la venta de tierras ubicadas en zonas de frontera, áreas estratégicas o adquiridas por Estados extranjeros o empresas con participación estatal. Mientras algunos sectores reclaman que esas operaciones requieran autorización del Congreso o del Poder Ejecutivo, otros proponen mantener restricciones más estrictas para preservar recursos considerados estratégicos.
Presiones políticas y cuestionamientos al proyecto
La discusión también quedó atravesada por fuertes cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales.
Organizaciones sindicales, referentes de la Iglesia y especialistas en defensa advirtieron sobre el impacto que podría tener una flexibilización de la normativa en materia de soberanía territorial y control de recursos naturales, especialmente en zonas de frontera y regiones con minerales estratégicos o importantes reservas de agua.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la reforma contribuirá a generar mayor seguridad jurídica, atraer inversiones y dinamizar el mercado de tierras rurales.
Qué pasará ahora con la reforma
Ante la falta de consenso, el Senado resolvió postergar nuevamente el tratamiento del proyecto y pasar la discusión para después del receso parlamentario. El oficialismo buscará aprovechar ese período para reabrir las negociaciones con los bloques aliados e intentar alcanzar un texto que reúna el respaldo suficiente para su aprobación.
Mientras tanto, la reforma de la Ley de Tierras continúa siendo uno de los proyectos más sensibles de la agenda legislativa, tanto por su impacto económico como por el debate político que genera en torno a la inversión extranjera, la propiedad privada y la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.
