El Gobierno extendió el plazo para que contratistas de obra pública adhieran al pago de deudas con bonos
El Ministerio de Economía prorrogó hasta el 23 de julio el período para que empresas contratistas soliciten su incorporación al régimen que permite cancelar acreencias mediante títulos públicos. La medida busca ampliar la participación sin modificar las condiciones ni el cupo del programa.
Se extendió el plazo para adherir al régimen
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026, inclusive, el plazo para que los contratistas de obra pública soliciten su incorporación al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, un mecanismo que permite cancelar deudas del Estado mediante la entrega de bonos en pesos.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, y mantiene sin cambios el cupo máximo y las condiciones establecidas originalmente.
Cómo funciona el régimen
El programa está destinado a contratistas vinculados a las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, dependientes del Ministerio de Economía, y permite cancelar deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones correspondientes a contratos extinguidos desde 2024.
Como forma de pago, el Estado entregará tres títulos públicos en pesos (LECAP y BONCAP), con un cupo máximo de $221.119.509.519 para todo el régimen.
El motivo de la prórroga
Según la resolución oficial, distintos contratistas solicitaron una ampliación del plazo para completar la presentación de sus solicitudes mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
El Gobierno explicó que la extensión busca garantizar una mayor participación de empresas y facilitar el cumplimiento de los objetivos previstos por el régimen, sin introducir modificaciones en los requisitos ni en el monto disponible.
Qué deberán presentar las empresas
Las empresas interesadas podrán presentar su solicitud de adhesión hasta el 23 de julio a través de la plataforma TAD.
Una vez realizada la inscripción, dispondrán de diez días hábiles adicionales para presentar la documentación respaldatoria de las acreencias, incluyendo el detalle de los intereses generados por la mora del Estado.
La adhesión implica renunciar a reclamos contra el Estado
Uno de los requisitos centrales del régimen establece que las empresas que adhieran deberán renunciar a todos los reclamos administrativos y judiciales vinculados al contrato de obra pública correspondiente.
Además, cada acuerdo individual deberá contar previamente con la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de su formalización.
