Río Gallegos: demandan al Municipio de Pablo Grasso y piden desalojar el edificio donde funciona el Concejo Deliberante
La empresa propietaria del inmueble reclama una deuda de $ 66,1 millones y sostiene que la Municipalidad ocupa el edificio sin contrato vigente desde junio de 2025. La presentación judicial denuncia incumplimientos acumulados durante años y solicita la restitución del inmueble, incluso con intervención de la fuerza pública.
La gestión del intendente Pablo Grasso enfrenta un nuevo frente judicial que vuelve a poner el foco sobre las cuentas y los compromisos financieros de la Municipalidad de Río Gallegos.
La empresa Long Time S.R.L., propietaria del inmueble ubicado en Lisandro de la Torre 556, presentó una demanda de desalojo contra el Municipio y reclamó el pago de una deuda que, según surge de la presentación judicial, asciende a $ 66.116.250,75.
El edificio es utilizado actualmente como sede del Concejo Deliberante de Río Gallegos, además de albergar oficinas municipales. La empresa sostiene que el contrato de alquiler se encuentra vencido y reclama que el inmueble sea restituido.
En caso de que la Municipalidad no cumpla voluntariamente con la devolución, la demanda contempla la posibilidad de avanzar con la intimación mediante el auxilio de la fuerza pública.
Una deuda que se arrastra desde hace más de una década
El conflicto tiene antecedentes que se remontan a 2013, cuando se celebró el primer contrato mencionado en la demanda. Por entonces, Pablo Grasso se desempeñaba como presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos.
Sin embargo, el reclamo económico no se limita al vencimiento del último contrato. De acuerdo con la presentación judicial, la Municipalidad ya había sido condenada en 2019 a pagar $ 3.720.000 más intereses.
Ese mismo año, mediante el Decreto Municipal N° 3534, el Municipio habría reconocido una deuda y ratificado un acuerdo por $ 5.520.000, además de los costos e intereses correspondientes.
Según sostiene la parte demandante, esos compromisos tampoco habrían sido cancelados en su totalidad.
El contrato venció en junio de 2025
La relación entre el Municipio y la empresa propietaria continuó durante los años siguientes. En 2023 se habría firmado una nueva prórroga para mantener el funcionamiento del Concejo Deliberante en el edificio.
El problema, según plantea Long Time S.R.L., es que esa última extensión contractual también llegó a su vencimiento.
La fecha señalada en la demanda es el 1° de junio de 2025. Desde entonces, la empresa sostiene que la Municipalidad permanece en el edificio sin un contrato vigente y reclama judicialmente la restitución del inmueble.
El planteo agrega un componente económico al conflicto: además de recuperar la propiedad, la firma exige que se reconozca y abone la deuda que calcula en más de $ 66 millones.
La demanda habla de un incumplimiento “total y sistemático”
Uno de los puntos más fuertes de la presentación judicial es la caracterización que realiza la empresa sobre la conducta del Municipio.
Según la demanda, habría existido un incumplimiento “total y sistemático” de las obligaciones asumidas, pese a las condenas judiciales, acuerdos e intimaciones realizadas a lo largo del tiempo.
La acusación deberá ser analizada por la Justicia y no implica, por sí misma, que exista una decisión judicial definitiva sobre todos los extremos planteados por la empresa.
De avanzar el proceso, los tribunales deberán determinar si corresponde ordenar el desalojo y establecer las obligaciones económicas que pudieran surgir de la relación contractual.
El conflicto aparece en medio de dudas sobre las finanzas municipales
El reclamo judicial se conoce, además, en un contexto de cuestionamientos sobre la capacidad de la Municipalidad para afrontar sus compromisos.
La semana pasada, el Concejo Deliberante de Río Gallegos no sesionó, en medio de la incertidumbre generada por la situación del Municipio con sus proveedores.
En ese escenario, la demanda por el inmueble utilizado por el propio Cuerpo Legislativo municipal vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las obligaciones financieras de la administración local.
El dato central es que no se trata solamente de una disputa contractual reciente. El expediente expone una relación comercial que atraviesa distintas administraciones y que, según la parte demandante, acumula incumplimientos, acuerdos y obligaciones pendientes.
Una disputa judicial con impacto político para Grasso
El caso suma presión política sobre la gestión de Pablo Grasso, especialmente porque el inmueble en disputa no es una dependencia municipal secundaria: allí funciona el Concejo Deliberante de Río Gallegos, uno de los principales ámbitos institucionales de la ciudad.
La situación plantea, además, un interrogante político difícil de soslayar. Mientras la administración comunal proyecta su gestión y mantiene abierta su agenda política con miras al futuro, un expediente judicial reclama explicaciones sobre una deuda millonaria y cuestiona la permanencia del Municipio en un edificio cuyo contrato habría finalizado hace más de un año.
Por ahora, será la Justicia la que deberá definir si corresponde avanzar con el desalojo y cómo se resuelve el reclamo económico.
Pero el impacto político ya está planteado: una deuda que supera los $ 66 millones, un contrato vencido y un pedido judicial para desalojar el edificio donde funciona el Concejo Deliberante colocan nuevamente las finanzas de la Municipalidad de Río Gallegos en el centro de la escena.
