Malvinas y Vaca Muerta: la fuerte advertencia de Quirno a las petroleras que operen en las islas
El canciller Pablo Quirno aseguró que las empresas que participen de la explotación hidrocarburífera en Malvinas deberán elegir entre continuar con esa actividad o acceder a oportunidades de inversión en la Argentina. El Gobierno busca utilizar el potencial de Vaca Muerta como herramienta de presión económica en la disputa por la soberanía.
El Gobierno de Javier Milei endureció su posición frente a las empresas petroleras vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y encontró en Vaca Muerta uno de los principales instrumentos para aumentar la presión sobre las compañías.
El canciller Pablo Quirno explicó que las firmas deberán evaluar entre continuar operando en las islas bajo licencias que la Argentina considera ilegales o apostar por proyectos hidrocarburíferos en territorio continental argentino, particularmente en Neuquén.
La definición fue planteada durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Iguazú, donde el funcionario detalló parte de la nueva estrategia oficial sobre Malvinas.
La apuesta del Gobierno: que las petroleras tengan que elegir
Quirno sostuvo que existe una diferencia sustancial respecto del escenario que enfrentaba la Argentina cuando se sancionó la Ley 26.659, entre 2011 y 2013.
En aquel momento, señaló el canciller, Vaca Muerta todavía no tenía el desarrollo y el potencial que presenta actualmente. Por eso, según su argumento, las sanciones contra compañías que operaban en Malvinas no generaban un incentivo económico suficiente para que esas empresas modificaran su estrategia.
La situación, de acuerdo con la visión oficial, cambió con el crecimiento de la formación neuquina.
Ahora el Gobierno pretende que las compañías deban optar entre participar de proyectos en las islas o mantener abiertas las puertas del mercado argentino y de las inversiones vinculadas con Vaca Muerta.
La estrategia apunta así a transformar el potencial energético argentino en una herramienta de política exterior.
Qué empresas podrían quedar alcanzadas por las sanciones
El Gobierno también avanzó sobre un universo más amplio que el de las compañías dedicadas exclusivamente a la extracción de petróleo. Según detalló Quirno, las medidas alcanzan a empresas vinculadas con servicios petroleros, servicios financieros y seguros.
El canciller indicó que unas 180 compañías ya fueron notificadas y deberán definir su posición frente a las nuevas reglas.
La intención oficial es que quienes continúen vinculados con operaciones que la Argentina considera ilegales queden expuestos a sanciones dentro del territorio nacional.
Cambios en la Ley 26.659: qué busca modificar el Gobierno
Uno de los puntos centrales de la estrategia será la modificación de la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas que la Argentina considera sujetas a su jurisdicción.
Quirno anticipó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para ampliar el alcance de las sanciones y, al mismo tiempo, generar incentivos para que las compañías puedan reorientar sus inversiones hacia el territorio continental.
El Ejecutivo también incorporó una declaración jurada para quienes aspiren a acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas deberán declarar que no están incumpliendo la legislación vinculada con Malvinas.
De esta manera, la política de incentivos a las grandes inversiones comienza a quedar directamente vinculada con la estrategia argentina sobre el Atlántico Sur.
El Gobierno suma presión económica y diplomática
La estrategia anunciada por Quirno combina herramientas diplomáticas, regulatorias y económicas.
El funcionario definió el esquema como una política coordinada que busca generar consecuencias concretas sobre las compañías interesadas en participar de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas.
En ese marco, el Gobierno no solamente apunta a impedir que esas empresas desarrollen determinadas actividades dentro de la Argentina, sino también a utilizar el atractivo económico de Vaca Muerta para disputarles inversiones.
El razonamiento oficial es directo: si una compañía debe elegir entre un proyecto en un territorio cuya explotación Argentina considera ilegítima y un mercado continental con recursos hidrocarburíferos de gran escala, el Gobierno pretende que la alternativa argentina resulte más conveniente.
Base Naval Integrada: el otro eje de la estrategia
La política sobre Malvinas no se limita al frente energético. Quirno también destacó la asignación de presupuesto para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que el Gobierno vincula con el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Según explicó el canciller, el proyecto apunta a mejorar la capacidad logística argentina hacia la Antártida y reforzar la presencia estatal en una zona considerada estratégica.
Quirno vinculó además la posibilidad de financiar esta infraestructura con el equilibrio de las cuentas públicas y el ordenamiento de las variables macroeconómicas que reivindica la administración Milei.
Malvinas, petróleo y una nueva disputa por las inversiones
El nuevo capítulo de la disputa por Malvinas incorpora así una dimensión económica cada vez más relevante.
Mientras avanzan proyectos de explotación hidrocarburífera en las islas, el Gobierno argentino busca que las empresas involucradas enfrenten mayores costos regulatorios y comerciales si deciden participar de esas operaciones.
En paralelo, Vaca Muerta aparece como la principal carta económica de la Argentina para intentar atraer a esas mismas compañías hacia el continente.
La apuesta de la administración Milei consiste en combinar recursos energéticos, incentivos a la inversión y presión diplomática para fortalecer la posición argentina. El resultado dependerá, en buena medida, de la respuesta de las empresas y de la capacidad del Gobierno para convertir el potencial de Vaca Muerta en una alternativa suficientemente atractiva frente a los proyectos hidrocarburíferos vinculados con Malvinas.
